El Gobierno tiene por objetivo restringir el tráfico en los municipios con más de 50.000 habitantes, es decir, 145 ciudades. Desde las más pobladas a otras que se sitúan el límite como Segovia, Pinto o Vilareal. Y les da cinco años de plazo para contar con esta zona de bajas emisiones.
Un modelo similar al que entra en vigor en Madrid en dos semanas: al centro sólo podrán acceder residentes, transporte público y vehículos no contaminantes.
"La idea nos parece estupenda, imprescindible, pero se debe concretar respetando un poco más la autonomía municipal", señala Joan Ribó, alcalde de Valencia.
Además, las ciudades con más de 100.000 habitantes, en tres años como máximo, tendrán que presentar ante el Ministerio un plan local de energía y clima, que plasme sus iniciativas para frenar la contaminación, como peatonalizar sus cascos urbanos o reducir su velocidad a los 30 kilómetros/hora.
Pero convencer a los vecinos para abandonar el coche no es cosa fácil. Muchos reivindican mejoras del transporte público: "Necesito el coche para trabajar porque tampoco el transporte público llega a todas las zonas".
Se trata de medidas para mejorar la calidad de vida de los 23 millones de personas que viven en estas ciudades, lo que supone la mitad del país.