Residencias sin medicalizar y advertencias a su antecesor: Martínez Peromingo se desmiente a sí mismo por los 'protocolos de la vergüenza'

Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y presunto creador de los llamados 'protocolos de la vergüenza', ha reconocido este martes que eran discriminatorios. Así se lo ha confesado al juez, y es justo lo contrario a lo que él mismo aseguró en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

"Si usted entiende que es una discriminación el que a una paciente se le asigne un determinado tratamiento y a otro no, yo entiendo que es la práctica médica habitual", mantuvo en 2021. Pero este martes ante el juez ha dicho lo contrario y ha responsabilizado al que era su jefe, Carlos Mur, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria que firmó esos protocolos.

Martínez Peromingo ha asegurado que le advirtió en varias ocasiones de que eran discriminatorios y ha dicho también que tiene pruebas porque lo hizo por correo y por WhatsApp. Por eso, ha señalado, siguieron modificándose esos protocolos. El problema es que por el camino fallecieron 7.291 personas sin que se les permitiese ir al hospital.

En otra rectificación de Martínez Peromingo a sí mismo ha reconocido que había muchas residencias de mayores que no estaban medicalizadas y que no tenían los recursos necesarios para atenderles, como siempre ha defendido la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de hacer un batiburrillo para defenderse, mezclando denunciantes y asociaciones. Ha llegado a hablar, incluso, de frustrados que solo buscan vender libros. "Es que están al frente activistas políticos que actúan bajo el lema 'hay que retorcer el dolor de las víctimas'. El negocio de cuatro frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer casito en unas listas electorales", ha soltado la presidenta madrileña.

"Solo hay una operación política que solo intenta decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos", ha continuado Ayuso.

Pero los citados de este martes ante el juez eran tres, solo que los otros dos ni se han presentado. La acusación ha pedido al juez que ponga en busca y captura a estos dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid: a Carlos Mur y a Pablo Busca.

Ambos están desaparecidos, dando esquinazo al juzgado y a las víctimas, que demandan que "ya que fueron lo suficientemente valientes para firmar unos protocolos, que ahora lo sean para dar la cara y decir la verdad". También han dejado solo en la declaración a Francisco Peromingo, quien ha barrido la responsabilidad hacía Mur, el mismo que le señaló hace tiempo. "Entendía lógicamente que estaba avalado y que su criterio eran propuestas de colaboración de unos geriatras", y que por eso lo firmó, según declaró en febrero de 202.

El juzgado de Plaza Castilla les da por ilocalizables. Sin embargo, y según el perfil de linkedIn de Carlos Mur, ahora podría estar en Andorra, donde hasta hace unos meses era director de un área de salud mental. Actualmente es profesor asociado en una universidad de Madrid, pero no confirman si asiste de manera presencial al campus o no.

De otro lado, Pablo Busca, exdirector del SUMMA112 - responsable de los traslados en ambulancia-, renunció hace un mes a su cargo más reciente en el servicio vasco de salud. Este miércoles y en una causa paralela en Collado Villalba, otro de los municipios donde hubo victimas, están llamados a declarar. Habrá que ver si les localizan y si Mur apunta hacia otro lado para dirimir responsabilidades. Mientras las victimas esperan Justicia.

7.291 personas

Ramona cuenta que su madre pasó más de 20 días encerrada en una habitación tras enfermar en la residencia. "Mi madre, si la hubieran derivado a principio de marzo, que falleció un mes más tarde, se hubiera salvado", ha contado a laSexta. Una falta de asistencia que justificaron en el centro por la existencia de un protocolo que no permitía derivar a los residentes enfermos a los hospitales.

"Protocolos que obligaron a 7.291 personas a morir indignamente, agonizando durante días", ha apuntado Maite Rodríguez, portavoz de la asociación '7.291 Verdad y Justicia'. Eran los días más duros de la pandemia, cuando el Gobierno de Ayuso envió a las residencias hasta cuatro documentos con este tipo de órdenes.

Un triaje en el que se especificaba que personas con ciertas dependencias o discapacidades fueran tratadas, idealmente, en las propias residencias. "Les dejaron morir indignamente, les abandonaron a una suerte cruel y lo que esperamos es que haya justicia, una reparación", ha dicho Carmen López, portavoz de la asociación Marea de Residencia.

El dolor de sus familiares, más de 5 años después, hace que no pierdan la esperanza de que se termine haciendo justicia.

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