El Gobierno aprobará este jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario, una reducción en los impuestos vinculados a la factura de la luz. De este modo, pretende facilitar el pago de un bien básico cuyo precio ha alcanzado este mes de junio sus máximos. Ahora bien, ¿quién se puede beneficiar de esta rebaja?

Tal y como ha explicado el Ejecutivo en un comunicado, la reducción del IVA de la luz (cae del 21 al 10%), pretende aliviar el coste de la factura de la luz "de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas". Y divide esta rebaja en dos tipos de beneficiarios:

- Todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por MWh. Esto, básicamente, apunta a casi todos los hogares de España, debido a que la media de potencia contratada en nuestro país está entre los 3,45 y los 4,6 kW. Además, en estos momentos, resulta complicado que el precio del mercado mayorista se reduzca lo suficiente como para que el Gobierno se ahorre la reducción: para hacerse una idea, en la primera quincena de junio el precio ha alcanzado los 81,50 euros por MWh.

- Todos los consumidores considerados vulnerables severos pagarán un 10% de IVA, sin importar la potencia contratada o el precio de mercado. ¿Y quiénes forman parte de este grupo? Para empezar, según explica la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia, aquellas personas cuya renta anual sea igual o menor a un 50% de los umbrales establecidos para ser considerado consumidor vulnerable.

- También, dentro del grupo de vulnerables severos, están aquellas personas que formen parte de una familia numerosa y perciban una renta anual que sea igual o menor a dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en 14 pagas. Es decir, unos 15.817 euros.

- Junto con eso, también pueden ser considerados con esta categoría las familias cuyos miembros reciban la pensión mínima del Sistema de la Seguridad Social —bien por jubilación, bien por incapacidad permanente— y que, en el caso de percibir otros ingresos, la cuantía agregada anual no supere los 500 euros. En este sentido, cabe otra posibilidad para formar parte de este status: que la renta sea igual o inferior a 1 vez el IPREM; es decir, 7.908,60 €/año. Concretamente, el grupo de vulnerables severos ya estaba incluido entre los receptores del bono social, y es uno de los pocos que, en este caso, (si forma parte del bono) no puede sufrir cortes de luz.

¿Hasta cuándo se aplicará esta rebaja?

Más allá de los matices planteados, desde Moncloa inciden en que también se incluye la suspensión del 7 % del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año. No obstante, este último punto es uno de los más destacables: la fecha.

Según explica el Gobierno en su comunicado, la reducción del precio del IVA hasta el 10% será aplicado hasta finales de este año, mientras que la suspensión del 7% se dará solo entre octubre y diciembre. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación recuerdan que se espera avanzar en más medidas de este calado en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2023.

2023 es una fecha que se antoja como plausible, aunque, por el momento, solo se puede saber con certeza que el IVA estará al 10% hasta finales de 2021. Ahora bien, hace cuestión de días, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lanzaba que la intención era dar con soluciones al "medio y largo plazo".

De acuerdo con Moncloa, la clave será "aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable, eólico y solar, existente en nuestro país" que, a su parecer, "redundarán directamente en una reducción de la factura eléctrica".

Aunque también reconocen que ello no quita que, desde principios de este año, "los precios crecientes en el mercado eléctrico en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19" hayan exigido "la adopción de medidas urgentes". De ahí que se haya apostado por esta rebaja que, por ahora, solo se mantendrá en lo que resta de año.

En este sentido, según indica Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una organización que tiene como objetivo velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción de este porcentaje del IVA durante todo un año supondría para el estado dejar de ganar entre 1.100 y 1.300 millones de euros.

No obstante, como recuerda la dirigente, se trata de una decisión que, por ahora, solo se aplicará durante seis meses, por lo que dicho importe se vería reducido; es decir, sería de entre 550 y 650 millones, concluye.