Fuentes judiciales han confirmado que la jueza de Violencia de Género de Vitoria, la secretaria judicial y una fiscal nombrada especialmente para este caso han acudido al hospital de Santiago de la capital alavesa, donde D.M.G., de 30 años y natural de Sevilla, se encuentra internado en la Unidad de Psiquiatría.
La Fiscalía de Álava va a solicitar la prisión provisional para el acusado y, si así lo acuerda la jueza, que ha estudiado el informe del médico para determinar que ingrese en la cárcel y no en un centro psiquiátrico.
La fiscal encargada del caso imputará al detenido un delito de asesinato consumado por haber matado a la niña arrojándola por la ventana y otro delito de asesinato en grado de tentativa por haber tratado de acabar también con la vida de la madre, una brasileña de 18 años, que sigue ingresada en el hospital vizcaíno de Cruces tras sufrir múltiples traumatismos.
El Departamento de Salud no tiene previsto difundir un parte médico sobre su estado salvo que se produzca algún cambio significativo en su evolución. Lo que aún no está claro es si la Fiscalía acusará al detenido de otro delito por los presuntos abusos, algo que se decidirá cuando culminen las investigaciones judiciales en marcha.
El resultado de la autopsia del bebé puede arrojar luz también sobre si hay algún rastro de esos abusos. Fuentes de la investigación de este caso señalaron que el acusado presuntamente hizo tocamientos sexuales a la pequeña en la madrugada del pasado lunes y fue descubierto por la madre de la niña. En ese momento ambos se enzarzaron en una violenta pelea en la que tanto la madre como el hombre resultaron heridos y él lanzó a la niña por la ventana.
En esta causa también se ha personado la asociación feminista Clara Campoamor, que ya ha anunciado que pedirá para el detenido la prisión permanente revisable. El delegado de esta asociación en Euskadi, José Miguel Fernández, ha manifestado en un comunicado que pedirán la pena máxima en aplicación de la última reforma del Código Penal efectuada el año pasado ya que consideran que éste es "el acto más vil posible de violencia de género" y que "merece el mayor reproche judicial".