Los diputados y activistas en Portugal argumentaban que la ley, que anteriormente exigía que los fiscales demostraran que en el ataque había habido "violencia", no protegía a personas atacadas mientras estaban inconscientes o eran coaccionadas a tener sexo contra su voluntad.
La enmienda busca acercar la legislación portuguesa a la Convención de Estambul, un tratado internacional para la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres. La convención fue ratificada por el Gobierno luso en 2012 y ha estado en vigor desde 2014 pero se había criticado que las autoridades no la habían incorporado plenamente a la ley.
En septiembre de 2018, un tribunal de Oporto sentenció que dos hombres que habían tenido sexo con una joven de 26 años inconsciente no eran culpables de violación porque el incidente fue una "seducción mutua".
"Los delitos de naturaleza sexual y la violación (en Portugal) están basados en la existencia o no de violencia y queremos que se basen en la existencia o no de consentimiento", ha explicado Andre Silva, uno de los diputados que ha propuesto la enmienda, en declaraciones a la emisora TSF.
El Artículo 36 de la Convención de Estambul estipula que las autoridades deberían adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el sexo no consentido sea tratado siempre como un delito.
Portugal sigue así los pasos de Bélgica, Chipre, Reino Unido, Alemania, Islandia, Irlanda y Luxemburgo, que han aprobado leyes en este mismo sentido.
Según Amnistía Internacional, una de cada diez mujeres en la UE experimenta algún tipo de violencia sexual después de los 15 años. "Las leyes sobre la violación en vigor no resuelven todo pero son un paso importante hacia un cambio de actitudes y que se haga justicia, dejando claro que el sexo sin consentimiento es violación y no puede seguir con impunidad", ha sostenido la ONG.
