La historia conmovió a gran parte de la población, pero la Policía cree la presunta okupación a una anciana de 89 años tras varios meses en el hospital es un fraude. Los agentes han encontrado un contrato manuscrito para alquilar una habitación por 400 euros entre la anciana y la joven, de nacionalidad marroquí, a la que acusaba.

Diez días ha durado este presunto engaño. El 25 de agosto, Carmen -en silla de ruedas-, acudía al portal de su hogar, en las proximidades de la Plaza Mayor de Madrid, donde junto a su familia y la empresa Desokupa -conocida por expulsar inquilinos con métodos cuestionables, que incluyen la violencia-, contaba su versión de los hechos. "Está metida en mi casa, con mis cosas... mis recuerdos, mi vida. Está todo ahí", explicaba la mujer, entre lágrimas.

Pero con los datos que se conocen, la verdad parece lejos de lo que indicaba Carmen, que llevaba cuarenta años con esa vivienda y disfrutaba de un alquiler de renta antigua por unos 120 euros mensuales.

La familia requirió los servicios de Desokupa, que se plantó en la vivienda para amedrentar a la joven y animaba en redes sociales a manifestarse en su contra. Así hablaba el fundador de la empresa, Daniel Esteve, en un vídeo colgado en sus redes sociales: "Luna, la chica que dice tener un contrato falso, todavía sigue dentro con todas las pertenencias de la anciana". La joven denuncia que está recibiendo cientos de amenazas cada día porque han publicado sus datos personales.

Pero en el momento en que los agentes se presentaron en el escrache el pasado 25 de agosto, la joven les presentó un documento clave: un contrato de alquiler. A cambio de pagar 400 euros, la estudiante había rentado una habitación en el piso y llevaba desde finales del 2019 sin convivir con la anciana. LaSexta ha conseguido hablar con ella y ha asegurado que las acusaciones de la anciana y su familia son falsas: "Son una serie de mentiras. Si tengo algo que decir, lo diré delante de un juez".

Porque la versión se enreda cuando entra en escena la verdadera propietaria de la vivienda, que vive en Bilbao. El contrato entre la propietaria y Carmen establece la prohibición de realquilar la vivienda y al enterarse de que se había contravenido lo firmado, ha demandado a la anciana y su familia. Esto es lo que habría motivado la treta para acusar a la joven de okupar la vivienda.

De momento, la joven sigue en el piso y Carmen con su familia. Ahora será un juez quien determine quién ocupa la vivienda.

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