Es otro tipo de pobreza, mucho menos visible, que estigmatiza, que avergüenza. La que te hace elegir entre comer, alimentar a los tuyos, o cuidar tu higiene personal. Se conoce como pobreza menstrual y la sufren dos de cada diez mujeres en España. No pueden permitirse comprar productos de higiene menstrual (compresas, tampones, copas menstruales).

Se lleva en silencio, a veces incluso con resignación, dejando en un plano secundario algo que es una necesidad básica, algo que marca nuestra salud y también la vida social y laboral de miles de mujeres y niñas. Afecta a mujeres de todo el mundo. Ahora, en España se empieza a tomar conciencia, porque además la pandemia de coronavirus lo ha acrecentado.

Una mujer puede utilizar 14.000 productos menstruales y gastar alrededor de 4.500 euros en artículos de un solo uso a lo largo de toda una vida. Unas cifras que no son asumibles para muchas mujeres. Actualmente, este tipo de productos están gravados en España con un 10% de IVA, mientras que otros como la viagra solo tributan al 4%.

Hoy se han entregado más de 70.000 firmas en el Congreso de los Diputados para tratar de erradicarla. Una iniciativa impulsada por la organización Period Spain que pide "la gratuidad de esos productos en los edificios públicos" y la maestra Laura Labrador, creadora de la petición change.org en la que solicita productos de higiene íntima en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ante el Congreso ha alzado la voz hoy también la comunicadora Mercedes Milá que ha destacado precisamente la diferencia "intorelable" entre en IVA que se aplica a la viagra y la que se aplica a los productos de higiene íntima.

Esperan que su propuesta se incluya dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 "para conseguir los primeros y más importantes cambios políticos para ir acercándonos a la equidad menstrual que España necesita".

Además, también van a presentar otras tres enmiendas a través de diferentes partidos políticos entre las cuales se encuentra la reducción del IVA al 4%, un estudio nacional sobre el impacto de la pobreza menstrual en España y una campaña de sensibilización y educación sobre salud menstrual. "Estas enmiendas pueden ser un antes y un después en la lucha por la desigualdad de género", afirman.

"No puede ser que en los Presupuestos no aparezca ninguna mención a la pobreza menstrual que afecta a 2 de cada 10 mujeres en España", defienden.

Un paso más en Cataluña

De las propuestas a los hechos. Los institutos catalanes comienzan a combatir esta lacra. Dispondrán de productos de higiene menstrual gratuitos antes de que acabe el curso escolar. Es la iniciativa llevada a cabo por la Conselleria de Igualtat i Feminismes, que ya trabaja en el reparto de estos artículos. En su mayoría, esos productos serán copas menstruales que son reutilizables y por tanto "tienen un impacto positivo en la economía, salud y medio ambiente", aseguró la Generalitat.

Se pone en marcha así la promesa que hacía el propio president de la Generalitat en septiembre. Entonces, Pere Aragonès explicaba que su estrategia iba enfocada a combatir la pobreza menstrual garantizando estos productos entre la población desfavorecida y también sin coste entre mujeres en situación de vulnerabilidad.

Fuera de nuestras fronteras

Escocia o Nueva Zelanda son pioneros combatiendo la pobreza menstrual. Hace unos meses, el gobierno de Jacinda Ardern impulsó un plan dotado con 15 millones de euros (hasta 2024) para proporcionar productos de higiene femenina gratis en todos los colegios. Entonces, la primera ministra de Nueva Zelanda señalaba que una de cada 12 estudiantes no acude a la escuela por problemas relacionados con la "pobreza menstrual".

También en Escocia, justo hace un año, su Parlamento aprobaba por unanimidad hacer que los productos para el periodo, como tampones y compresas, fueran gratuitos para todas las mujeres. La nueva norma reconocía así el derecho de cualquiera que necesite estos productos a obtenerlos y preveía que el Gobierno escocés organizara una estrategia nacional. De esta manera, se obligaba a que estuvieran disponibles en los baños de todos los colegios, institutos y universidades, así como en otros lugares públicos. Una medida para la que se destinaban casi 27 millones de euros.

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