La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de nueve años y seis meses de cárcel para tres acusados de estafar a una mujer, a la que hicieron creer que mantenía una relación con un militar americano que necesitaba dinero para venir a España y casarse con ella. Uno de los acusados se enfrenta a cuatro años y medio de prisión y los otros dos acusados a dos años y medio cada uno. La vista oral está señalada para el próximo lunes, 21 de enero, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los acusados estafaron casi 100.000 euros a la mujer. Le hicieron creer que estaba entablando una relación de amistad o sentimental con una persona supuesta, que precisaría de cierto dinero para poder regresar a España y casarse con ella. De este modo, consiguieron la entrega de elevadas cantidades de dinero que eran transferidas a las cuentas designadas por los acusados, o bien entregadas en mano.
En concreto, a partir de junio de 2017, a través de una página de citas, y haciéndose pasar por un militar estadounidense de alta graduación llamado general Hodges Ben, entablaron una relación con la víctima y decidieron contraer matrimonio.
No obstante, a través de correos electrónicos y de la aplicación Skype, bajo el pretexto de liberar de un entramado de tasas y trámites administrativos la fortuna que el supuesto general y su unidad habrían confiscado a un grupo de terroristas, así como de abonar las tasas aduaneras, indujeron a la mujer a enviar en repetidas ocasiones sumas de dinero a través de distintas empresas.
Del mismo modo, la víctima realizó una transferencia bancaria de 50.000 euros a una cuenta titularidad de una acusada, que fue reintegrando dicho dinero directamente o previa transferencia a otras cuentas de su titularidad.
A su vez, los otros dos acusados convencieron a la víctima para que realizase una transferencia bancaria por importe de 100.000 euros a una cuenta en otra entidad, de la que es titular uno de ellos, si bien el banco planteó la dificultad de materializarla en un corto plazo de tiempo, ante lo que el otro acusado contactó telefónicamente con la víctima para que le hiciese la entrega del dinero en efectivo en la estación de Renfe de Oviedo el día 1 de septiembre de 2017, a las 12.00 horas.
Ante las sospechas generadas, y en virtud de las advertencias de los empleados de banca, la víctima denunció los hechos una hora antes de que se materializara la entrega, la cual no se efectuó ante la intervención policial y detención de uno de los acusados ese mismo día. El total del dinero efectivamente entregado por la víctima asciende a 98.420,50 euros.
Según indica la Fiscalía, la víctima padece "rasgos paranoicos y estado de ánimo con sensación de soledad y abandono, con predisposición a la tristeza". Asimismo, señala que "tiene ideas sobrevaloradas y comportamiento impulsivo en el manejo de sus bienes y tiene limitación de las facultades cognitivas por la dificultad en la forma de percibir e interpretar los acontecimientos de su vida y de los demás (creencias y justificación de sus actos sin base lógica, lo que afecta a su juicio crítico), lo que ha propiciado una conducta de carácter impositivo que disminuyó sus capacidades intelectivas y volitivas y le hace ser una persona vulnerable y fácilmente influenciable".
De los tres acusados, naturales de Camerún y Nigeria, solo uno tiene residencia legal en España, ya que otro la tuvo pero fue acordada su expulsión por la comisión de un delito de estafa poco antes de los hechos de este procedimiento, y del tercero se desconoce su situación administrativa.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y para uno de los acusados concurre la agravante de reincidencia, por lo que en su caso se piden cuatro años y medio de prisión y para los otros dos acusados dos años y medio de cárcel para cada uno. Igualmente, propone acordar que dos tercios de la pena la cumplan en España y sustituir la parte restante por la expulsión del territorio español o proceder a ella cuando alcancen el tercer grado o la libertad condicional.
Además, se solicitan multas por una cuantía total de 9.720 euros (3.960 euros en el caso del primer acusado y 2.880 euros para cada uno de los otros dos). En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide, también, que los acusados indemnicen a la víctima con 98.420,50 euros, más los intereses legales correspondientes.
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