La Fiscalía y la acusación particular solicitan 21 años y medio de cárcel para un vecino de Girona, acusado de someter durante nueve años a su mujer, a la que presuntamente agredió sexualmente, maltrató y amenazó.
El procesado, ha negado los hechos y su defensa ha solicitado que se le absuelva de los delitos que se le imputan de agresión sexual, maltrato habitual en el ámbito familiar, dos de lesiones y uno continuado de amenazas graves, con el agravante de parentesco.
La víctima se casó con el acusado en Marruecos hace 22 años por un trato entre familias, llegó a Cataluña en 2005 con dos de sus actuales cuatro hijos y el matrimonio vivió en Sant Celoni, en la provincia de Barcelona, y en Santa Coloma de Farners, situado en Girona.
En 2014, la mujer presentó la denuncia contra su marido y se dictó una orden de alejamiento basada, según ha explicado en el juicio, en que estaba sometida y humillada. La víctima ha explicado que siempre que salía de casa tenía que ser con el permiso del acusado y que sólo lo hacía para llevar a los niños al colegio o para ir a comprar.
La Fiscalía y la acusación particular mantienen que, ya desde recién casado, el procesado imponía sus deseos a su mujer y la golpeaba, e incluso le había dejado días sin comer o le prohibió tener contacto con su familia. Si ella se negaba a mantener relaciones, él presuntamente la forzaba y, en 2010, la amenazó con un cuchillo y le dijo que "la iba a matar". En la vista oral también ha declarado una de las hijas, de 18 años, y ha relatado que diez años atrás, una noche oyó a su madre llorando en la habitación, entró y vio a su padre agrediéndola.
Como consecuencia de los hechos, la víctima sufre un trastorno psicológico con sintomatología ansioso-depresiva. Las acusaciones también han pedido que el procesado no se pueda comunicar con la mujer ni acercarse a menos de 500 metros durante cinco años y que, una vez cumplidos los dos tercios de la condena, sea expulsado de España, sin opción de volver en un periodo de diez años.
En cuanto a responsabilidad civil, la Fiscalía pide que indemnice a la víctima con 30.000 euros por daños morales. El juicio, que se ha celebrado en la sección cuarta de la audiencia, ha quedado visto para sentencia.
