El presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que se ha negado a hablar sobre las agresiones sexuales durante toda la instrucción. "No voy a declarar señoría", ha dicho.
Al inicio de la vista, la presidenta de la Sala ha preguntado al acusado si conocía los hechos que se le imputan, a lo que éste ha manifestado que sí, que los conoce. Por ello, se ha decidido no dar lectura de los escritos de acusación.
Tras manifestar que no declara, la presidenta se ha negado a que se lean las preguntas a instancias del abogado de una de las acusaciones particulares. "Este señor no ha declarado nunca", ha espetado María Luisa Aparicio al letrado José Antonio Tuero.
Ortiz siempre ha defendido su inocencia y su defensa sostiene la tesis de que se han manipulado pruebas de cargo que hay contra él. El juicio contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, arranca en la Audiencia Provincial de Madrid tras dos años entre rejas como posible autor de cuatro delitos de agresión sexual, cuatro delitos de detención ilegal y uno de lesiones.
El acusado afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. La Sección Séptima será la encargada de juzgar los hechos, con la presidenta María Luisa Aparicio al mando de las sesiones. Ministerio Público solicita una pena de 77 años y seis meses de prisión. Además, exige una indemnización de 75.000 euros para la testigo protegido 2 (TP2) por los daños morales, a la testigo protegido 3 (TP3), de 300 euros por los días que tardaron en curar sus lesiones y estuvo impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales y de 100.000 euros por los daños morales causados.
En el caso de la testigo protegida 4 (TP4), la Fiscalía solicita una indemnización de 900 euros por los días en que estuvo hospitalizada para curar sus heridas y de 150.000 euros por los daños morales. La testigo protegido 5 (TP4), deberá ser indemnizada, en su caso, en la cantidad de 100 euros por el día que tardó en curar sus lesiones y en 100.000 euros por los daños morales. Según el fiscal, una vez cumplidas las penas de prisión, se impondrá al procesado, por cada uno de los cuatro delitos de agresión sexual, la medida de libertad vigilada durante un periodo de diez años. Además, la Fiscalía, recuerda que, con lo preceptuado en el artículo 76.1 a) del Código Penal vigente en la fecha de la comisión de los hechos el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena será de veinticinco años.