"Una patada, un tortazo, un escupitajo". "Se enfadó mucho, me insultó, me llamó de todo, me llegó a empujar". "A mi compañero le arañó, al guardia de seguridad le hizo sangre en la cara, le golpeó, le dio un puñetazo". Durante el último año no hemos dejado de escuchar testimonios como estos de agresiones aprofesionales sanitarios, que advierten de que la sobrecarga en la sanidad hace que en muchos casos aumente la crispación de los pacientes.

Situaciones, ilustra Xavier Tarragón, presidente del comité de empresa del Hospital del Mar de Barcelona, que se dan por ejemplo cuando un paciente "se encuentra fatal y no le dan visita hasta 10 días vista" o "su patología crónica se agudiza porque no ha seguido un control adecuado debido a esta falta de recursos".

Los datos, tristemente, baten récords: en 2022 se registraron 843 agresiones, un 38% más que el año anterior. En la mayoría de los casos los sanitarios recibieron amenazas e insultos, pero uno de cada seis altercados acabó en agresiones físicas. Para Tarragón, el principal responsable, en su caso, es el Departamento de Salud, pero incide en que quien recibe estos "improperios" es el personal que está al "pie del cañón".

La peor parte, además, se la llevan ellas y es que un 61% de las agresiones se producen contra mujeres sanitarias. El 43% de las agresiones, asimismo, se acumula en la Atención Primaria. Carlos Hernández, responsable de asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Madrid, afirma que es una situación "frustrante" en la que "la persona a la que quieres ayudar te ataca" y en la que"el médico se siente muy desamparado por su empleador".

Por eso, los sanitarios piden a la Administración más recursos para ofrecer un servicio de calidad y, a los pacientes, que no dirijan su frustración contra ellos, ante unas agresiones que nunca están justificadas.

Violación grupal

Así contó laSexta la indignación popular tras conocerse la sentencia de La Manada, de la que se cumplen 6 años

El 26 de abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, pero no por agresión sexual, lo que desató una oleadas de protestas populares.