Canarias vivió este sábado un día histórico, con manifestaciones masivas contra la masificación turística. Miles de personas marcharon en las capitales de todas las islas del archipiélago. Los canarios piden ser anfitriones para quienes les visiten y no esclavos de un turismo sin control. Ello, en un contexto en el que los propietarios de viviendas en determinadas zonas turísticas se enfrentan a una legislación que les prohíbe residir en sus propios apartamentos o alquilarlos por su cuenta.
Es lo que le ha ocurrido a Sergio, que tiene un apartamento en el sur de Tenerife destinado a alquiler vacacional. "La comunidad de propietarios nos denuncia a 45 propietarios que estábamos alquilando como alquiler vacacional", explica.
El problema está en que, bajo una ley del año 2013, en esa zona los propietarios no pueden alquilar las viviendas por su cuenta, sino que dependen de una empresa que las alquila y les resta beneficios. "Querían que entráramos dentro de una explotadora que nos pone el precio que ellos quieren", denuncia Sergio, que cuenta que, para colmo, la empresa explotadora que les denunció "tampoco cumplía la ley".
Se calcula que como el apartamento de Sergio puede haber más de 40.000 viviendas afectadas por esta normativa en Canarias y las sanciones que enfrentan sus propietarios por incumplirla pueden incluso superar los 2.000 euros.
En virtud de esa legislación, todos los apartamentos de un mismo edificio y que estén en determinadas zonas del sur de las islas deben estar destinados a alquiler vacacional por una empresa gestora. Solo están excluidos los apartamentos utilizados como residencia habitual desde antes del año 2017.
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Los afectados ya recurrieron al Defensor del Pueblo para buscar soluciones y este determinó que no les pueden prohibir usar estas viviendas con un uso residencial y que se les debería indemnizar.