Los padres denunciados por maltrato no podrán visitar a sus hijos a partir de este viernes, 3 de septiembre, con la entrada en vigor de la reforma del Código Civil, que ha sido introducida en la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad.
El objetivo de esta medida es dar a los jueces las herramientas necesarias para poder modular los regímenes de visitas de forma rápida, frente a los procesos actuales más largos, si cree que esta decisión es lo más adecuado atendiendo al interés superior del niño.
En la norma, que fue aprobada en el Congreso el 20 de mayo, se incluye una nueva redacción del artículo 94 del Código Civil, que se introdujo a través de una enmienda del PSOE y recoge que "no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos".
Los mayores con discapacidad podrán recibir visitas si tienen la voluntad
Según indica el texto, "tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta de la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género". Sin embargo, existe la posibilidad de que se efectúen estas visitan si está motivado "en el interés superior del menoro en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial", continúa la redacción.
Finalmente, el artículo también recoge que si el progenitor en cuestión está "en situación de prisión", ya sea provisional o por sentencia firme, en ningún caso podrá establecerse el régimen de visitas.
Esta norma se aprobó en el Congreso en la misma sesión del Pleno en la que se dio luz verde a la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad en la que se recoge esta modificación y que también entra este viernes en vigor.
El PSOE justificó la introducción de este enmienda al hilo de lo acordado en la Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, en materia de menores víctimas de esta lacra, así como en otras medidas similares que sí están incluidas en la Ley de Protección a la Infancia.
