La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación sobre presuntas agresiones y malos tratos cometidos a migrantes por policías en el Centro de Internamiento de Extranjería (CIE) de Barcelona tras un intento de fuga en 2017 y ha ordenado la imputación de los agentes involucrados.
En un auto, la sección 21 de la Audiencia Provincial ha acordado estimar el recurso de reforma contra el sobreseimiento de la causa que decretó en mayo el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, cuya decisión el tribunal ha considerado "prematura".
Según los magistrados, todavía "no se han agotado todas las posibilidades de investigación de los hechos", por lo que han acordado reabrir el caso y solicitar la citación en calidad de investigados de los policías nacionales que se encontraban en el CIE el 21 de septiembre de 2017, cuando se produjo el intento de fuga, en el que participaron una treintena de internos argelinos.
El caso comenzó a instruirse después de que tres internos -ya deportados- presentaran una denuncia ante el juzgado de guardia por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral contra los policías que les custodiaban cuando se desencadenó la tentativa de fuga.
Sin embargo, el juez José Julián García de Eulate archivó el caso por falta de actuaciones que justificaran "la perpetración del delito", un veredicto que la Audiencia de Barcelona pone ahora en entredicho.
Según el tribunal "cabe la posibilidad de que el uso de la fuerza por parte de la policía esté desconectado temporalmente del intento de fuga", por lo que solicita también que se tome declaración a los denunciantes "a través del oportuno auxilio judicial internacional", así como a la enfermera del centro como testigo de los hechos.
"Las únicas diligencias de investigación practicadas en la presente causa provienen de la propia institución encargada de la custodia de los denunciantes y donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados, lo cual es claramente insuficiente", señala el auto, el cual reprocha al juez la falta de pesquisas "en una materia como las torturas".
Tal como afea la Audiencia, las únicas diligencias fueron los informes elaborados por el CIE y las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero en ningún caso se tomó declaración ni a los denunciantes, ni a la enfermera ni a los agentes que intervinieron.
De acuerdo con el informe que el Jefe de Seguridad del CIE entregó al juez el día del incidente, el intento de fuga fue neutralizado con "la fuerza mínima imprescindible" después de que "un grupo numeroso de internos de origen argelino, al menos treinta, se abalanzaron bruscamente sobre la puerta arrollando a los funcionarios que se encontraban realizando su custodia" con "objetos contundentes preparados de forma artesanal".
La denuncia de los tres internos, presentada a través del centro Irídia de defensa de los Derechos Humanos y la plataforma Tanquem els CIE, acusaba a los policías de haberlos pegado, insultado y amenazado con la luz apagada, además de haberlos encerrado con llave durante más de tres horas.
Los extranjeros, que aseguraron ser capaces de identificar "sin ningún tipo de duda" a los policías implicados, relataron también haber sufrido vejaciones después de que los obligaran a desnudarse para agredirles a base de golpes de porra y puñetazos mientras les proferían insultos racistas.
Estos episodios, por los que dijeron sentirse "aterrorizados", se habrían producido justo después de la fuga frustrada, en la que también resultaron heridos cuatro agentes.
