Las 80 mujeres gallegas que fueron grabadas con cámara oculta mientras orinaban en la calle y cuyos vídeos fueron publicados en webs pornográficas han recibido un nuevo revés judicial.

El juez ha vuelto a desestimar la denuncia al considerar que no existe delito en esas grabaciones vejatorias, grabadas durante una fiesta de A Maruxaina de Cervo en 2019, en contra del criterio de la Fiscalía.

En un auto emitido a comienzos de septiembre que ya ha sido recurrido por la asociación Mujeres En Igualdad Burela ante la Audiencia Provincial de Lugo, el juez Pablo Muñoz Vázquez argumenta que los hechos denunciados no constituyen un delito contra la intimidad o el derecho a la propia imagen porque las imágenes se obtuvieron en la vía pública, por lo que deberían ser tratados por la vía civil y no la penal.

También rechaza que las grabaciones supongan un delito contra la integridad moral, en este caso porque "no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral" de las mujeres que fueron filmadas mientras hacían sus necesidades. Por lo tanto, el juez instructor se reafirma en la decisión dictada hace seis meses y acuerda el sobreseimiento provisional de la denuncia.

El colectivo denunciante, que organizó una movilización en la que participaron centenares de personas tras el archivo de la denuncia en marzo, espera ahora a la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe resolver un recurso de apelación.

El criterio del juez instructor difiere del que tiene Fiscalía, que considera que hay un delito contra la intimidad y estima que "alternativamente" puede existir también otro contra la integridad moral de las víctimas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la decisión del juez y ha asegurado que se trata de un acto de "violencia sexual": "Una mujer en la calle o el espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad. Hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual".

Además, ha lanzado un mensaje dirigido al poder judicial: "Los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado".

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