La misión de mantenimiento de paz en ese país, la Minusca, recibió el 24 de septiembre las denuncias de las supuestas víctimas, de las que no concretó la edad pero sí que son menores de 18 años, según dijo a la prensa el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
El jefe de la Minusca, Parfait Onanga-Anyanga, envió entonces a un equipo multidisciplinar para realizar una investigación preliminar al que se sumaron entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre la Oficina de Supervisión Interna de la ONU, la Sección de Conducta y Disciplina y el Defensor de Derechos de las Víctimas.
La misión informó en una nota de que debido a la seriedad de las acusaciones y los resultados de las pesquisas iniciales, la ONU tomó medidas "de inmediato", incluido el "confinamiento de un sospechoso que ha sido identificado".
El país contribuyente a las tropas implicadas, Mauritania, fue informado sobre el asunto por la oficina de Naciones Unidas en Nueva York y ha pedido que se investigue a nivel nacional en una franja de tiempo reducida de 90 días.
Onanga-Anyanga, representante especial en la República Centroafricana del secretario general de la ONU, expresó su fuerte condena de los actos, de ser confirmados, y reiteró su compromiso a tomar medidas contra otros autores que sean identificados.