La menor llegó a un centro médico de Jujuy (Argentina) debido a un fuerte dolor de estómago el viernes pasado y, tras someterse a varios exámenes, se confirmó que estaba embarazada. En ese momento, la joven denunció que había sufrido una violación por parte de un vecino de 60 años.
La menor confesó que no había hablado por miedo, pues el hombre la amenazó con matarla si lo delataba.
Ella y su madre pidieron que se realizara un aborto cuando se hizo la primera ecografía, con la gestación muy avanzada, casi llegando a las 24 semanas.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había "prometido" que se garantizaría el derecho de la niña a interrumpir el embarazo, pero a pesar de la petición de una interrupción legal del embarazo, los médicos que intervinieron en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy plantearon la necesidad de practicarle una cesárea. "Dada la baja edad cronológica de la joven y la alta edad gestacional del feto", aclaró el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, al diario argentino Clarín.
Bouhid confirmó que "la madre de la niña estaba al tanto de la situación, e incluso firmó un consentimiento informado de que, terminada la cesárea, se procedería a generar una maduración pulmonar en el bebé".
El protocolo de atención del embarazo en adolescentes del Gobierno establece que "cualquier embarazo en una niña menor de 13 es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo".
El hecho ha causado revuelo en Argentina, donde diversas organizaciones feministas han exigido públicamente que se cumpliera la ley.
Otro gasto más
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