Los Mossos d'Esquadra evitaron que un total de 11 niñas en situación de riesgo acabaran sufriendo mutilación genital a lo largo 2019, un año en el que a la policía catalana no le consta que ninguna menor fuera víctima de una ablación de clítoris.

Así lo han señalado fuentes de mossos del Grupo Central de Atención a la Víctima con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que han resaltado que esta cifra es solo "la punta del iceberg" de una problemática envuelta en secretismo.

En 2019, los mossos realizaron nueve intervenciones a familias y atendieron a un total de once menores en riesgo de sufrir una ablación con edades comprendidas entre los tres y los diez años de edad, aunque la mayoría oscilaba entre los ocho y los diez.

Gracias al trabajo de prevención, impidieron que todas ellas acabaran siendo mutiladas, una mejora significativa en relación al año anterior, cuando atendieron a once menores pero no pudieron evitar que cuatro niñas fueran mutiladas.

Por eso, a pesar de la disminución de casos en relación a 2018, la policía alerta de que este indicador es engañoso, ya que desconocen el número real de víctimas, si éstas tienden a denunciar menos o si realmente han mermado las menores en situación de riesgo, la mayoría de las cuales tiene raíces africanas. Y es que el bagaje cultural es una de las mayores piedras en el camino para acabar con la mutilación genital femenina, una tarea para la cual son precisos todos los agentes sociales.

"Cada uno lleva dentro de su mochila sus orígenes", han señalado las mismas fuentes, que han asegurado que, en general, han apreciado un "cambio" en las familias después de recibir información médica y psicológica sobre las consecuencias de la ablación, que llevan a cabo "por desconocimiento y por la presión del entorno".

De hecho, la policía no tiene constancia de que ninguna menor sea mutilada en Cataluña, sino que, en general, esta práctica se lleva a cabo durante visitas a los países de origen, sobre todo en el África subsahariana, por lo que es crucial detectarlo a tiempo.

En 2019, de los once casos atendidos, dos fueron identificados desde mossos, otros dos fueron denunciados por familiares, dos más a través de servicios sociales, dos por el Departamento de Educación y un último caso fue alertado por el sistema de Salud.

Ante estas situaciones, el modus operandi de los mossos pasa esencialmente por la "prevención": cuando reciben la alerta de que una menor está en riesgo activan a los servicios sociales y "trabajan" con la familia para explicarles las implicaciones sanitarias y penales que conlleva esta práctica.

Paralelamente, informan al juzgado para que establezca las medidas cautelares pertinentes y decida si otorga permiso a la familia para que la menor pueda visitar su país en función del riesgo de que la acaben mutilando. Para evitarlo y en función de cada caso, pueden pedir a los padres que firmen un compromiso explícito de que no someterán a la menor a una mutilación genital, un documento que les sirve también de escudo frente a la posible presión de sus allegados.

Una vez las niñas entran en el circuito de servicios sociales, realizan una visita al pediatra para confirmar que no hayan sufrido ya una ablación y regresan al médico a la vuelta del viaje para continuar con el trabajo de prevención, en el que el sistema educativo juega también un papel decisivo.

Si, por el contrario, la policía detecta que una niña ya ha sido víctima de ablación, lo pone en conocimiento del juez para que abra las diligencias pertinentes por un delito de lesiones, que puede conllevar penas de cárcel, la retirada de la custodia de la menor o medidas cautelares como el bloqueo del pasaporte o la prohibición de la salida de territorio nacional.

Los ginecólogos estiman que en Cataluña viven unas 18.000 mujeres, la mayoría africanas, que han sufrido ablación de clítoris, de las que apenas unas decenas se han sometido a una reconstrucción.