La vuelta al cole se hará de forma escalonada según la autonomía y la etapa educativa. Pero no sólo los más de ocho millones de alumnos y los casi 700.000 profesores vuelven a las clases, también los políticos se incorporan a sus escaños para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad española de lograr el consenso en materia de Educación.
Representantes de la comunidad educativa, que han vertido sus propuestas en más de 80 comparecencias en la Comisión de Educación, están a la espera de ver qué hacen con ellas los grupos del Congreso. Además, los consejeros de Educación autonómicos tienen que hacer sus aportaciones en el Senado.
Cuando finalicen las comparecencias, los diputados de la Subcomisión parlamentaria tienen el cometido de redactar un documento de mínimos para enviárselo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo responsable, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido a tomarlo como base para la redacción de una nueva ley educativa, la octava de la democracia, con la diferencia de que esta sería, en principio, el resultado de un consenso previo social y político.
Los seis primeros meses de comparecencias de expertos y representantes de organizaciones educativas han servido a los portavoces parlamentarios para manifestar su opinión sobre determinados temas. El que más debate ha suscitado, y sobre el que parece que hay una gran divergencia de posturas, se centra en la interpretación del artículo 27 de la Constitución Española sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y cómo se aplica este principio en la defensa o no de la red concertada.
Mientras para el PP, el artículo 27 es su principal línea roja en las negociaciones, y señala que la existencia de la concertada responde a este derecho constitucional porque la demandan las familias. Unidos Podemos y PSOE acusan a los populares de hacer una lectura sesgada de la Carta Magna. Ambas formaciones quieren reducir la oferta de conciertos y, en concreto, Unidos Podemos quiere su desaparición. Para Ciudadanos, el debate no es tal y defiende la coexistencia de la red pública y la concertada, pero le parece que lo que hay que abordar es el modelo de financiación de esta última.
