Expertos, legisladores y organizaciones sociales coinciden en que la lucha contra la violencia sexual es una de las grandes asignaturas pendientes en España, un país donde se denuncia de media una violación cada ocho horas, algo más de tres al día, y donde sin embargo, no hay más datos que una macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2015 de la que se deducía, extrapolando los resultados, que más de un millón setecientas mil mujeres y niñas que viven en el país han sufrido una agresión sexual alguna vez en su vida. Son el 7,2% de la población femenina. Aquella macroencuesta, encargada por la entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, recogió un apartado sobre violencia sexual para, conforme explica a Europa Press, iniciar una aproximación al terreno.

Revelaba un dato que, dice, pasó desapercibido y "sirve para derribar mitos": Sólo en el 18% de los casos la agresión era de un desconocido mientras en ocho de cada diez, había sido un conocido (47,1%) o un pariente (23,2%). Sin embargo, "el imaginario asocia estas conductas al extraño que aborda a su víctima en un portal". Cuando se trata de intentos de agresión sexual, el 41,8% afirmaron que había sido un amigo o conocido y el 19,2% señaló a un pariente. En el caso de los tocamientos y otro tipo de agresiones sin penetración, el 50% era a manos de desconocidos y el resto, de hombres cercanos (21,2% amigos y 13,2% familiares). "Para mí lo más urgente es hacer un estudio intensísimo porque estamos llenos de mitos. Hay que conocer el problema para luego hilar fino con las medidas", dice Hernández.

La responsable de Políticas de Interior en Amnistía Internacional, Virginia Alvarez, es crítica al respecto. "No hay campañas públicas, no se recogen ni se desagregan datos, no sabemos qué pasa con los juicios que se están produciendo. La primera medida debe ser siempre dimensionar el problema y eso ni siquiera se está haciendo. Eso te da una idea de la prioridad que tiene este tipo de violencia para las autoridades", apunta. La organización prepara su propia investigación sobre el tema. Verá la luz el próximo año. En los anuarios del Ministerio del Interior se pueden encontrar recuentos de delitos conocidos contra la libertad sexual a partir de 2008 que aparte de los casos de pornografía y corrupción de menores, se desagregan dos categorías: agresión con penetración y "otros". De las primeras hubo el año pasado 1.249; de los segundos, más de 8.600.

En ocho años suman 11.675 violaciones y 63.539 agresiones sexuales diversas. Además, consta el número de víctimas entre 2012 y 2016: 4.303 mujeres y niñas violadas en cuatro años. La cifra queda lejos del porcentaje que arrojó la macroencuesta, pero para la presidenta de la Federación de Centros de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), Tina Alarcón; no es una sorpresa. "Los datos que manejamos nosotras dicen que de cada seis violaciones, sólo se denuncia una. Es un delito que permanece oculto porque las mujeres siguen teniendo vergüenza, se sienten culpables, no se sienten bien entendidas por su entorno y en ocasiones incluso por la propia policía y la gente que tiene que apoyarlas", declara. Son mujeres, dice, que arrastran "un sentimiento de culpa porque está implícito".

"De alguna manera la sociedad te culpa, por eso es lo primero que tenemos que trabajar. Estos delitos en su mayoría se dan entre conocidos, conocidos recientes o novios y parejas y siempre hay un momento en que ella se pregunta cosas como por qué no se ha dado cuenta o cómo no lo ha previsto. Hay terapias que duran meses y otras que duran años, pero las secuelas siempre son gravísimas", explica. En esas circunstancias, se enfrentan a procesos penales siempre duros y a veces, muy largos, en los que conforme señala la penalista Laura Sánchez, se les hace dudar hasta de sí mismas. Indica que "lo fundamental en estos casos" es, por un lado, "el consentimiento" para lo que se dan "mil vueltas" y a menudo se piden a la víctima "más explicaciones de las necesarias".

Por otro, la existencia de lesiones, pero hasta un punto que en su opinión, llega a ser "ridículo". "Si me dejo, no hay lesión que demuestre lo que ha pasado. Si no me dejo, me pueden matar. Es una situación muy difícil para la víctima. Cuando les preguntan en el juicio por esos temas, no saben por qué reaccionaron así ni si volverían a reaccionar de la misma manera. Es una locura. Que tengan que estar al detalle las propias víctimas con lo que ya han pasado, es terrible", plantea. Dice que también lo es revivir una y otra vez lo sucedido y que deberían declarar "lo imprescindible". Alarcón coincide y añade que se ha dado en esto un "paso atrás tremendo". "Desde que se reformó el Código Penal en 1985, si el testimonio de la mujer era coherente y no había contradicciones era una prueba de cargo. Ahora resulta que una mujer tiene que defenderse. Yo afirmo que muchísimas mujeres ante una situación así se quedan quietas y ni gritan ni se defienden", asegura.