Centenares de camiones han desfilado este sábado en una "marcha lenta" por la M-30 de Madrid, en lo que el presidente la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, ha considerado un "último empujón" al paro indefinido que mantiene desde hace trece días.
Aunque el Gobierno se ha comprometido en las últimas horas a presentar un proyecto de ley que asegure a los transportistas que trabajan bajo una rentabilidad mínima, Hernández ha vuelto a rechazar "promesas a largo plazo" y ha asegurado que desconvocará el paro cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, de forma provisional hasta que se apruebe esa ley.
"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, no podemos esperar dos o tres meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", ha reclamado en un mensaje de Facebook.
La réplica ha venido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tras coincidir en que "nadie puede trabajar a pérdidas", ha recordado que el Gobierno ya ha recogido esta "idea" en el acuerdo que ha firmado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
En una entrevista en TVE, Ribera ha defendido ese acuerdo y la necesidad de ser "escrupulosos" en la representación institucional, para evitar que "individualmente uno pueda cuestionar los grandes acuerdos a los que se pueda llegar con las organizaciones más representativas del sector".
La minoritaria Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte agrupa fundamentalmente a pequeños autónomos que realizan portes de media y larga distancia para otras empresas.
Sus principales reivindicaciones se dirigen a evitar un abuso de la subcontratación y que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.
Las reacciones políticas
El mayor respaldo al paro de actividad de los pequeños transportistas ha venido de la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que les ha animado a mantener sus reivindicaciones y a "no rendir las calles".
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resolver el problema "por el camino más corto, sencillo y directo, que es el de bajar impuestos", mientras que el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, ha opinado que el acuerdo alcanzado con la patronal del sector es "totalmente insuficiente".
Desde Cádiz, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha sostenido que éste es "un buen acuerdo que beneficia al sector" y ha pedido a la plataforma que sea "sensible" y "consciente" del "momento difícil" que se está viviendo, con "una guerra a las puertas de Europa".
Además de la marcha por Madrid, que ha transcurrido a 'claxonazos' y sin incidentes, los miembros de la plataforma han convocado otras en diversas provincias.
Una de las más afectadas por las pérdidas millonarias que está ocasionando este paro ha sido Galicia, donde ha dejado consecuencias económicas "casi irreparables", según ha afirmado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha lamentado que se haya demorado tanto el acuerdo.
Entretanto, la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán) ha decidido en asamblea continuar con los paros y el cese de la actividad en la región, al considerar "insuficientes" las ayudas anunciadas.
También la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) ha decidido en asamblea general extraordinaria, con un resultado "muy ajustado", seguir con los paros iniciados el pasado día 14 en protesta por el elevado precio de los combustibles, en espera de que haya "más concreciones".
El acuerdo del Gobierno y la patronal incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio, lo que equivale a un ahorro medio de 700 euros mensuales por camión y supone ayudas por un total de 1.050 millones de euros.
De esa cantidad, 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras y 450 millones en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros.
