Por un 'sketch' sobre el PP, en el que ironizaba sobre la supuesta disolución del partido, imputaron al humorista Facu Díaz. "Por suerte fue sensato, yo llegué ahí y dije que en este vídeo ni se menciona, ni se hace referencia alguna a las víctimas del terrorismo, sólo faltaría que encima estuviéramos aquí haciendo coñas con esto", asegura Díaz.
Durante los tres primeros meses de 2017, la Audiencia Nacional ha llegado a celebrar en una misma semana siete juicios por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Entre ellos el de Cassandra. Por publicar un tuit diciendo: "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella" y otro "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial".
Por estos comentarios en Twitter le han condenado a un año de cárcel y a siete de inhabilitación. La misma Audiencia Nacional que en su día absolvió a otro tuitero, Strawberry, por el mismo tipo de mensajes. "Esto está en contradicción con otras sentencias de la propia Audiencia Nacional que en otra sección la semana pasada acordaron la absolución en un supuesto bastante parecido", explica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
La sentencia reabre el debate sobre la libertad de expresión y sobre si el sentido del humor tiene que tener límites. "Yo creo que tiene que haber límites en el sentido del humor, fundamentalmente porque produce un daño infinitamente mayor del que producía hace diez años", piensa Victoria Prego, directora de la APM.
Los humoristas lo tienen claro, y según afirma el creador de la revista Mongolia, Edu Galán: "Parece que al personal y a los legisladores hay que explicarles cosas tan completamente de un nivel cultural mínimo como la ironía, lo que significa tener un personaje o la afición. Aplican la ley como si fuera una tabla rasa". Mientras tanto, siguen buscando formas lingüísticas, para esquivar el código penal y evitar sentencias como la de Cassandra.