El caso de María Teresa se une a otras batallas judiciales por dejar morir o no a un paciente. Un ejemplo es la muerte del francés Vincent Lambert, que ha puesto fin a la pugna entre su mujer, que deseaba que muriera dignamente; y sus padres, que opinaban lo contrario.
Finalmente, el Tribunal de Casación francés decidió desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida.
En el caso de la española ingresada en Alcalá de Henares, el juez da la razón a los familiares, que desean que siga viva, a pesar de su estado terminal. José María Domínguez, del Comité Ético de Sevilla, aclara que "es una sentencia excepcional": "Cuando un equipo médico toma una decisión, es una decisión absolutamente basada en base científica y se enmarca dentro del conocimiento de la historia natural de la enfermedad por parte de médicos expertos".
Sin embargo, los abogados de la familia aseguran que el protocolo de actuación está regulado por la Constitución. Polonia Cambrorero, de Abogados Cristianos, dice que "lo que no se debe hacer en ningún caso es quitarle la vida a una persona que quiere seguir viviendo y puede seguir viviendo".
En casos así, los comités de ética de los hospitales pueden elaborar sus informes de actuación, pero la respuesta puede demorarse aunque haya muchas veces que las decisiones médicas hay que tomarlas en plazos mucho más cortos.
Hay países donde la eutanasia está regulada. En España es ilegal, aunque existen normas autonómicas para este tipo de casos, desde el comité ético de Sevilla recuerda que "todas van en la misma dirección": "El médico no debe de realizar ensañamiento terapéutico cuando el proceso de la muerte ya ha comenzado y es irreversible".
En Francia, por ejemplo, una ley ampara dejar morir mediante sedación a una persona en estado irrecuperable. Hace dos años moría en Londres Charlie Gard, el bebé de 11 meses con una enfermedad terminal.
Cuando los médicos solicitaron a los padres, la autorización para desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida, estos comenzaron una batalla legal para retrasarlo todo lo posible. Cinco meses después, la justicia británica decidió desconectar el respirador artificial.