Desde que el Pazo de Meirás fuera declarado Bien de Interés Cultural, la familia Franco tiene la obligación de abrir el lugar a las visitas públicas cuatro veces al mes. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sada ha recibido varias quejas de ciudadanos que no logran contactar con nadie para realizar la visita y la Xunta ha decidido abrir un expediente a los Franco.

Óscar Benito Portela, alcalde de Sada, explica que se han encargado de transmitir a la Xunta las quejas que les iban llegando de los diferentes usuarios sobre las dificultades que tenían para entrar al Pazo. Así, alertaron a la administración competente para controlar el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural gallego.

La mayoría de estas quejas, dice Portela, era porque "no conseguían obtener una cita para visitar el lugar por parte de la entidad que las gestiona, que es la Fundación Franco".

Desde esta entidad han respondido a la apertura de diligencias negando que esté habiendo irregularidades en el régimen de visitas, aunque reconocen que la atención telefónica se ha reducido a dos días laborables durante el mes de agosto.

Sin embargo, esta situación no es nueva. Ya en 2017, la familia del dictador fue sancionada por entorpecer las visitas públicas.

Para el alcalde de la localidad donde se sitúa la fortaleza, la solución a este problema es "que prospere la demanda civil interpuesta por el Gobierno y que el Pazo de Meriás pase a ser patrimonio público y un centro de recuperación de la dignidad y de la memoria histórica".