La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a seis mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día y traficar con drogas este martes en Manresa y Mollet del Vallès. La operación conjunta ha terminado con diez detenidos, entre ellos, los dos líderes del grupo criminal, un hombre de nacionalidad española y una mujer paraguaya.

La banda tenía a las víctimas encerradas en pisos que funcionaban como prostíbulos donde las condiciones eran insalubres y se les sometía a violencia física.

La investigación arrancó tras la denuncia de otra víctima de este grupo criminal en un Juzgado de Bilbao. Desde allí el juez mandó el caso por inhibición al de Manresa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia se unió a la Policía para desmantelar la organización y liberar al resto de mujeres.

A la decena de detenidos se les acusa de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y organización criminal.

Modus operandi de la banda

La banda criminal captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay -lugar de procedencia de la líder-, a través de engaños, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Sin embargo, otras mujeres eran captadas ya en España empleando el mismo método.

La red delictiva asumía todos los gastos y trámites necesarios para que las víctimas, independientemente de su procedencia, recayesen en los dos pisos prostíbulo de la organización uno en la localidad de Manresa, y el otro en Mollet del Vallés.

Una vez se encontraban bajo el control físico de los miembros del grupo criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes, para posteriormente informarles de que habían contraído una deuda económica con la banda que debía ser satisfecha con la ejecución de servicios sexuales.

Para ello, debían de estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuviesen indispuestas, para mantener relaciones sexuales sin protección, padecer violencia física si el cliente lo requería e incluso ser grabadas. Las víctimas no disponían de libertad de movimiento, pues la red criminal ejercía un control férreo sobre ellas. Las mujeres eran confinadas en los dos pisos prostíbulos donde estaban hacinadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres.

Tráfico de cocaína

Además, uno de los pisos estaba controlado con cámaras de videovigilancia. En ambos inmuebles se traficaba con sustancias estupefacientes y se obligaba a las víctimas a incentivar a los clientes para comprar cocaína y consumirla ellas mismas, de manera forzada, si el servicio así lo demandaba.

La organización presentaba una sólida jerarquía con un reparto de roles perfectamente definido en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final. La dirección era compartida entre un español y una paraguaya, mientras que el resto de niveles de la organización obedecían sus instrucciones. Una figura destacable es la del encargado de captar a las víctimas, el cual aprovechaba sus conocimientos como agente de viajes para introducirlas de forma inadvertida en territorio estatal.

Durante las entradas y registros realizados en Gavá, Manresa y Mollet del Vallés fueron intervenidos más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas.

Durante la operación Joya-Aguyje -así la han denominado los agentes- han bloqueado 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.

En el momento de la liberación, además se clausuraron los pisos utilizados como prostíbulos donde eran explotadas, para después ser asistidas en total coordinación y colaboración por la ONG Fundació Apic-Acam, para atender las distintas necesidades que podían requerir cada una de ellas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona. Esta operación se enmarca dentro de las acciones de ambos Cuerpos contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

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