En la España democrática, los cambios de color político en los Gobiernos han ido acompañados de su correspondiente ley educativa. La recién aprobada 'ley Celaá' es la octava reforma educativa aprobada en democracia (y la novena ley que ha tenido vigencia) y, como es habitual, no ha estado exenta de confrontación.
La inestabilidad normativa ha sido el sino de la Educación en España. Exceptuando la LOGSE, vigente durante 16 años, el resto de normas aprobadas en democracia han tenido una relativa brevedad. Algunas, como la de Aznar de 2002, o la de Adolfo Suárez de 1980, apenas llegaron a aplicarse.
En este caso, la oposición a la 'ley Celaá' ha criticado la falta de consenso en la norma, debido a que ha pasado por los pelos con solo 177 votos a favor, y que ha tenido los votos contrarios de siete partidos. En realidad, es una crítica común: lo que ha acompañado casi siempre en la historia de las reformas educativas han las acusaciones de falta de diálogo, de ideologización de la educación, o de favorecer a una parte del colectivo educativo. ¿Cómo fue en las otras ocasiones? Repasamos las anteriores leyes.
2013: 'Ley Wert'
La LOMCE ha sido la ley con menos consenso de toda la democracia. Solo el PP votó a favor en su validación en el Congreso, aunque no le supuso problema para sacarla adelante, pues los populares contaban entonces con mayoría absoluta en la Cámara baja. Todo el arco parlamentario votó en contra, excepto UPN, que se abstuvo.
La ley del ministro José Ignacio Wert recuperó la reválida en el Bachillerato y al final de la E.S.O., e introdujo por primera vez el concepto de 'demanda social', que ahora elimina la 'ley Celaá', y que se ha convertido en núcleo de la protesta de la concertada. La demanda social ha favorecido el crecimiento de la escuela concertada al dar más papel a la elección de los padres, que ahora protestan por el "recorte de libertades".
La 'ley Celaá' también ha acabado con la reválida. En realidad, la recién aprobada ha sido una enmienda a la totalidad de la ley Wert. La LOMCE se aprobó en un contexto de grave crisis económica, tras meses de recortes por parte del Gobierno de Rajoy, lo que motivó que la mayor parte de la comunidad educativa protagonizara numerosas jornadas de protesta, y que la oposición política y los sindicatos mayoritarios aprovecharan la ocasión para convertir, una vez más, la educación en un arma política.
Si la oposición en el caso de la 'ley Celaá' la ha liderado la escuela concertada, con sus lazos y globos naranjas, en la anterior ocasión fueron las camisetas verdes de los movimientos en defensa de la educación pública. No obstante, incluso algunos sindicatos de la concertada se unieron a las manifestaciones contra los recortes. La protesta llegó hasta la huelga general en la educación en toda España.
2006: la LOE de Zapatero
La recién aprobada Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), se carga de un plumazo la 'ley Wert' y retrocede hasta la ley de Zapatero, punto de partida al que, como su nombre indica, añaden modificaciones.
El Gobierno de Zapatero consiguió sacar adelante la Ley Orgánica de Educación (LOE) con los apoyos de 181 diputados. El único partido que voto en contra fue el PP, y hubo 12 abstenciones de CIU, BNG y la Chunta Aragonesista. La LOE derogó todas las normas educativas anteriores (menos la LODE de 1985), incluida la LOGSE de Felipe González.
La polémica en este caso vino estuvo centrada en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y al papel de la religión, que quedó como una asignatura voluntaria para el alumnado, aunque de oferta obligatoria (así sigue siendo).
Educación para la Ciudadanía, en cambio, era evaluable y obligatoria para los alumnos. Esta asignatura introdujo temas como los derechos fundamentales, la igualdad entre mujeres y hombres, o el reconocimiento a la diversidad afectivo-sexual. Este contenido revolvió al sector más conservador de la sociedad, que acusó a la ley de querer acabar con la religión. La Iglesia apoyó las manifestaciones contra la ley.
2002: la ley de Calidad de Pilar del Castillo
Cuatro años antes, la mayoría absoluta del segundo Gobierno de José María Aznar consiguió aprobar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). La ley salió adelante en diciembre de 2002, en pleno curso, por lo que apenas se llegó a aplicar, ya que el Gobierno de Zapatero la paralizó en cuanto llegó al poder en marzo de 2004.
Con la ministra Pilar del Castillo al mando, la ley establecía itinerarios en la secundaria obligatoria y bachillerato, la religión era computable e introducía una prueba de reválida en el Bachillerato. También hubo lugar a protestas estudiantiles, y como cada vez que se ha debatido una norma educativa en España, resonaron los ecos en la oposición de "falta de consenso" y de politización de la enseñanza.
1995: LOPEG, la ley con mayor oposición del profesorado
También durante un Gobierno socialista se aprobó la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, que como su propio nombre indica, estaba centrada en la organización de los centros.
Como es habitual en las reformas educativas, la ley fue conocida por el nombre del ministro titular de la cartera. La 'Ley Pertierra', que tuvo una fuerte oposición del profesorado, se aprobó con una ajustada mayoría de 177 votos a favor, los mismos que ha obtenido la ley 'Celaá'.
Las Juntas de Personal Docente convocaron un referéndum en el que el 87% del profesorado se opuso a la ley. Los sindicatos de la enseñanza pública criticaban que se abría la puerta la privatización.
1990: LOGSE, la más duradera
Aunque hubo leyes anteriores, la LOGSE de Felipe González fue la primera gran reforma educativa que acabó con la LGE de 1970. Exceptuando a la de 1970, ha sido la ley educativa más duradera, 16 años hasta que la LOE la derogó.
Extendió la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, introdujo la E.S.O. y descentralizó la educación, permitiendo que las comunidades autónomas decidieran parte del contenido educativo.
Aunque la cartera de Educación en el momento de su aprobación estaba a cabo de Javier Solana, el principal impulsor de la norma fue Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario de Estado de Educación. Además, le tocó aplicarla después, tras ser nombrado ministro en 1992.
La ley tuvo también su respuesta en la calle con protestas: por un lado, los sindicatos mayoritarios demandaban una reforma "verdaderamente progresista"; por otro, los sectores más conservadores reclamaban volver a los principios de la ley de 1970. En su aprobación, el único partido que votó en contra fue el PP.
La LOGSE ha sido una ley muy denostada años después, sobre todo desde que empezó a publicarse el Informe PISA de la OCDE, en los que el alumnado español no suele salir muy bien parado. Una de las frecuentes críticas vertidas hacia esta ley ha sido la falta de financiación.
1985: LODE, la ley que introdujo la escuela concertada
La LODE, Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, fue la primera reforma educativa de la etapa socialista. Tardó en ponerse en marcha también tras una batalla en los tribunales. El principal cambio que añadió fue la introducción de los conciertos educativos, que subvencionaba a centros privados para incluirlos dentro de la educación gratuita.
Su tramitación tampoco estuvo exenta de polémica y salió adelante con el apoyo de PSOE y el grupo parlamentario Minoría Catalana (Convergència i Unió).
1980: LOECE de Adolfo Suárez
La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), fue la primera ley aprobada en democracia apenas dos años después de estrenar la Constitución de 1975. Promulgada por el Gobierno de Adolfo Suárez, fue un texto muy breve que sentaba las bases de una educación basada en los principios constitucionales e introducía autonomía en los centros educativos, entre otros aspectos.
Aun así, el PSOE recurrió al Tribunal Constitucional porque algunos de sus artículos no eran acordes al texto de la carta magna, y el tribunal falló la inconstitucionalidad de dos artículos y una disposición adicional. El contexto político apuntaló la fragilidad de esta ley: a la debilidad del Gobierno de Suárez en ese momento se sumó que la sentencia del Constitucional se publicara el 24 de febrero de 1981, un día después del Golpe de Estado de Tejero.
Un año después, el PSOE llegó al Gobierno con mayoría absoluta y emprendió aquello que había prometido desde el principio: derogar la LOECE. Nunca se llegó a aplicar.
1970: la LGE aprobada en tiempos de Franco
Esta ley, aprobada todavía durante el Franquismo, estuvo vigente hasta que fue derogada por la LOGSE, aunque la LOECE había derogado ya algunos artículos. La Ley General de Educación y financiamiento de la Reforma Educativa estableció la obligatoriedad y gratuidad de la Educación General Básica, la EGB, desde los seis hasta los catorce años. La gratuidad solo se comprometía desde los seis años, aunque introducía una delcaración de intenciones por extenderla, "en cuanto las posibilidades presupuestarias lo permitan, a la etapa preescolar".
Y hasta aquí el repaso del vaivén normativo en torno a la educación. Pero todo apunta a que no acabará aquí. Partido Popular y Ciudadanos ya han amenazado con llevar la 'ley Celaá' al Constitucional a cuentas de la prohibición de la segregación por sexos, que el mismo tribunal aceptó en 2018. Aun así, se prevé que el próximo curso escolar podría ser el del estreno de la última (por el momento) reforma.