El procedimiento de expulsión de un migrante que llegaba a costas españolas era el mismo: permanecían en los CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Ceuta y eran trasladados a comisarías para identificarlos e iniciar el procedimiento de devolución. Para algunos de ellos se solicitaba entonces el internamiento en los CIEs de la Península, con lo que podían conseguir así su objetivo final.
Pero el criterio en esta ocasión ha sido diferente. Por primera vez en 26 años, el Gobierno ha aplicado el tratado que se firmó con Marruecos en 1992.
"Tenemos muchas reservas respecto a cómo se hizo esa primera intervención: si realmente se pudo llevar a cabo esa identificación individual. Pensamos que no se respetó el principio de no devolución", asegura Paloma Fevieres, responsable jurídica de CEAR.
Un proceso de devolución que, según los 12 letrados que asistieron a los migrantes, no alcanzó las 72 horas habituales. "La resolución se hizo efectiva en menos de 24 horas, es decir, que en la misma mañana del día siguiente ya se estaban devolviendo a través de la frontera", explica Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta.
Según el Gobierno, ninguno de los migrantes solicitó asilo. Porque si lo hicieran, no podrían abandonar Ceuta durante la tramitación ni, por tanto, llegar a la Península.
Para el Gobierno, la devolución es un procedimiento correcto. Pero los abogados ya preparan un recurso de alzada. "Va a ser complicado porque desconocemos el destino de estas personas" asegura Paloma Fevieres, responsable jurídica de CEAR.
Desde CEAR aseguran estar preocupados porque esta nueva práctica pueda suponer una merma de los derechos y las garantías de los migrantes.
