Rescatistas del Open Arms han localizado hundida la lancha en la que iban los 82 migrantes que murieron al volcar frente a las costas de Túnez, en el que fue uno de los peores naufragios de los últimos años.
Las ONGs han aprovechado para recordar que más de 18.000 personas han perdido ya la vida en las aguas del Mediterráneo y para pedir responsabilidades a las instituciones. Los rescatistas se han preguntado, también, quién evitará más muertes si los gobiernos no se ocupan y la Unión Europea entorpece el trabajo de estas organizaciones de salvamento.
El gobierno ya advirtió a los tripulantes del Open Arms de que se enfrentarían a sanciones de hasta 900.000 euros si continuaban con sus labores de rescate. Estos respondieron que "el buque no tiene intención de acometer operaciones de búsqueda y salvamento, que nada tienen que ver con las labores de observación y vigilancia que habitualmente lleva a efecto", pero se encargarán de salvar todas las vidas que puedan.
Este veto desde el Ministerio de Fomento es una medida para evitar posibles nuevas crisis migratorias derivadas del rescate de quienes, ante la negativa de Malta e Italia a acogerlos, quedaron a la deriva en alta mar. En lo que va de año, han muerto 598 personas que se suman a las 1.300 de 2018, las cuales, según Open Arms, "podrían haber sido rescatadas si fuera voluntad de los países de la Unión Europea".