Leila Mohamed dirige una oficina de denuncias de violencia de género en Valencia, un espacio que no es una comisaría de Policía al uso. "Las cogemos fuertes de la mano para que se sientan seguras una vez entran y no las soltamos ni siquiera cuando salen de la oficina", afirma Leila Mohamed.
Un equipo de unos 40 profesionales, entre policías nacionales, un médico forense y varios psicólogos y trabajadores sociales, arropa desde el minuto uno a la mujer víctima de violencia machista que decide denunciar.
Una de las trabajadoras sociales explica que "en una entrevista psicosocial se le informa a la mujer de todo el procedimiento que va a llevar". "El proceso jurídico es muy frío y que te sientas acompañada en todo momento por profesionales que te van a ir guiando en este proceso, a ellas también les da fuerza", señala la trabajadora.
Sentirse acompañadas y protegidas es fundamental para que no abandonen el proceso ni retiren la denuncia, lo que paralizaría su protección.
Según el CGPJ, siete de cada diez denuncias por violencia machista entre abril y junio de 2019 terminaron con una condena al agresor, un incremento de casi 1,5 puntos respecto al 2018.
Susana Martínez, miembro de la Comisión de Malos Tratos, critica que "el problema es que hay muchos casos que no llegan a ser enjuiciados porque se sobreseen durante la tramitación del procedimiento". Para evitar que eso ocurra, es fundamental hacer una buena evaluación del riesgo de la víctima, que determine qué necesita cada una de ellas.
"Aquí ponemos en marcha todo: ayudas económicas si son necesarias, ayuda psicológica, protección policial y asesoramiento legal. Todo se inicia y no cesa cuando sale", indica Mohamed. Una supervisión continua antes y después para que las víctimas se sientan a salvo de la violencia machista.
