La madre de Sara, la niña de cuatro años que murió presuntamente por malos tratos en Valladolid, mintió a los servicios sociales para encubrir a su pareja, acusado de la muerte y violación de la pequeña.
Así se desprende de la declaración en el juicio de dos asistentes sociales de la Junta de Castilla y León, que aseguran que apuntó hacia el padre biológico de la niña como responsable de los golpes que presentaba la pequeña, y les dijo que este se encontraba en Reino Unido.
Por eso, dicen, no dieron al caso 'prioridad 1', ya que entendieron que la niña no corría riesgo vital si el supuesto agresor estaba fuera de España. Como consecuencia, los servicios sociales llegaron tarde para poner a Sara bajo su custodia.
Las declarantes, una psicóloga y una trabajadora social, han detallado que la falta de colaboración por parte de la madre entorpeció su labor, ya que les dio "largas" en varias ocasiones a sus peticiones de visitar su hogar y orientó hacia el padre biológico las sospechas sobre la autoría de las lesiones.
Además, les ocultó la existencia de su nuevo novio, a quien se refirió como "un amigo de confianza de la infancia" que en ocasiones se hacía cargo de sus hijas cuando ella estaba trabajando.
Según ha declarado una de las funcionarias, de haber sabido que la niña convivía con otro hombre, habrían actuado de inmediato y habrían modificado la tipificación del nivel de riesgo, haciéndose cargo de la tutela de las niñas.
Sin embargo, no adoptaron esta decisión hasta unas horas antes de que Sara se debatiera entre la vida y la muerte, tras la brutal paliza y la violación vaginal y anal que sufrió, presuntamente, a manos de su padrastro.
Por otra parte, ambas declarantes han detallado que no tuvieron acceso al caso hasta dos semanas después de que la víctima fuera atendida de múltiples lesiones en el Hospital Campo Grande, cuando recibieron, "vía correo ordinario", el informe de la Fiscalía de Menores en el que se les encomendaba abrir una investigación.
Sobre la madre, Davinia M.G, y su pareja, Roberto H.H, pesan peticiones de prisión permanente revisable, como consentidora de lo ocurrido y autor de los hechos, respectivamente.