Un juzgado ha reconocido que la Comunidad de Madrid no actuó debidamente en 2016 en el caso de una niña de diez años afrodescendiente que sufrió acoso escolar racista en un colegio público y le ha condenado a indemnizar a los padres con 7.500 euros.
Petra, madre de la pequeña, ha asegurado que cuando su hija se enteró de la sentencia "se echó a llorar" y les dijo "espero que esto no le pase ni a mi hermana ni a nadie más".
Según la sentencia, contra la que no cabe recurso al ser firme, el centro público Cardenal Herrera Oria de Madrid "trató de relativizar el problema a cosas de niños", incluso en la vista se refirió a hechos "puntuales normales dentro del colegio".
La familia de la menor acudió el pasado día 8 a la vista, en el Juzgado 34 de lo Mercantil, afirmando que confiaba que se hiciera justicia con su hija, a la que, según denunciaron, "la aislaban socialmente, la acorralaban en los patios, se metían con su físico, su color, su olor, su piel", le decían que "nadie la quería" y "le tiraban balones al estómago en gimnasia".
El fallo estima sustancialmente el recurso interpuesto por los padres, reconoce el derecho a ser indemnizados (la familia pidió en la vista alrededor de 22.000 euros) con 7.500 euros y condena a la Comunidad de Madrid a pagar dicha cantidad.
"Queda probado la situación de un conflicto importante que desencadenó en una situación de acoso escolar hacia la menor caracterizada por constantes insultos, intimidaciones, amenazas y aislamiento de sus compañeros", asegura la sentencia; y añade que dicha situación provocó daños psicológicos en la menor. Además, se recalca que el colegio público, "consciente de la situación, no hizo lo suficiente" para evitarlo, y la víctima "no obtuvo la adecuada respuesta" y tuvo que cambiar de centro.
La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid tardó casi diez meses en tener conocimiento del caso de acoso escolar racista que presuntamente sufría, según se explicó en el juicio.
Petra y Leo, padres de la menor, recordaron durante la vista que pidieron la apertura de un protocolo de acoso en el colegio, pero que a los pocos días se "desestimó el acoso" indicando que solo había sido "un conflicto leve". Incluso, llegaron a decirles que la pequeña tenía que "acostumbrarse a la situación": "¿A qué se tiene que acostumbrar nuestra hija?, ¿a que la llamen todos los días 'negra de mierda'?".
Sin embargo, en la sentencia se da cuenta de hasta 16 situaciones de conflictividad con sus compañeros. En la actualidad, la menor, de 13 años, se encuentra "mejor" pero "está pasando por el proceso, como todo niño" ante un caso similar, comentó su madre a la salida de la vista. Con motivo del juicio, la familia de la menor lanzó en las redes sociales una campaña con la etiqueta #suspensoalRACISMO, para visibilizar el acoso escolar y, en concreto, el de tinte xenófobo en las aulas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo el 8 de octubre tras ser preguntada por este caso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que su Ejecutivo está "comprometido" con la "erradicación" del acoso escolar y aseguró que Madrid es una de las comunidades autónomas "que registran menos situaciones de este tipo teniendo en cuenta el número de plazas y estudiantes".
Ayuso destacó además que los casos de acoso escolar se han reducido "a la mitad" desde 2015 -un 54 por ciento menos según han precisado a Efe fuentes de la consejería- con la aplicación del protocolo regional de detección, al tiempo que señaló que estarán "vigilantes" para que no ocurran situaciones de este tipo.
Para reforzar la lucha contra el acoso escolar, el Consejo de Gobierno aprobó en abril un decreto sobre convivencia escolar en todos los centros públicos y concertados de la región, que entrará en vigor el próximo curso, en el que se recoge por primera vez en la lista de deberes del alumnado la obligación de informar a sus profesores de los casos de acoso escolar que crean que están sufriendo otros compañeros de clase.
El nuevo decreto establece, además, un marco regulador para que cada centro escolar disponga de su propio plan de convivencia y de una comisión que garantice su cumplimiento.