En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide para cada acusado diez años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por acción, al abusar presuntamente de una de sus sobrinas menores de edad, y otros diez años por otro delito del mismo tipo pero en este caso por omisión, al "saber y autorizar" que se cometieran los abusos sobre sus respectivas hijas.
Los dos padres se encuentran en libertad provisional después de permanecer en prisión durante un periodo de ocho meses, fueron imputados junto a sus respectivas mujeres, un tío de las menores y un vecino, aunque finalmente la Fiscalía sólo ha dirigido la acusación contra los cuatro primeros.
De este modo, la Fiscalía pide para las madres de las menores seis meses de prisión por un delito de corrupción de menores y otros seis meses de cárcel por un delito de abandono de familia.
Las madres de las pequeñas fueron procesadas porque, según entiende el Juzgado, conocían los hechos e incluso habrían facilitado los encuentros al objeto de que se perpetraran los referidos abusos sexuales en sus propios domicilios.
Los hechos ocurrieron cuando las menores tenían entre seis y ocho años y los abusos fueron descubiertos en 2008, cuando los profesores de las niñas detectaron indicios de abusos, tras todo lo cual las menores fueron sometidas a distintos exámenes médicos que detectaron lesiones recientes provocadas supuestamente por agresiones sexuales.
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