La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir de este lunes a un gerocultor que la noche de Navidad de 2015 presuntamente agredió sexualmente a cinco ancianas dependientes y golpeó en la cara a otras cuatro en una residencia de Arenys de Mar (Barcelona).
El acusado, José Manuel R.G., en prisión provisional desde el 28 de diciembre de 2015, se sentará en el banquillo de los acusados entre este lunes y el 4 de diciembre en un juicio de cinco sesiones, en el que, además del acusado, declararán como testigos familiares y representantes de las víctimas, la directora de la residencia y otros trabajadores del centro, investigadores y psicólogos.
José Manuel R.G. se enfrenta a una petición de 79 años de cárcel por parte de la Fiscalía por cinco delitos de agresión sexual, y un delito de homicidio cometido por imprudencia grave (una de las mujeres falleció cinco días después de un infarto como consecuencia de la agresión sufrida).
La fiscal pide para él 30 años de inhabilitación para trabajar en el ámbito sanitario y una medida de libertad vigilada de diez años, así como órdenes de alejamiento a menos de un kilómetro de las víctimas, que cuando ocurrieron los hechos tenían entre 60 y 104 años y muchas de ellas padecían enfermedades neurodegenerativas.
Asimismo, el ministerio público solicita para las víctimas y sus responsables indemnizaciones que suman más de 100.000 euros, y una multa de 7.200 euros por los cuatro delitos leves de lesiones. Según el relato de la fiscal en su escrito de acusación, el gerocultor, para satisfacer "su ánimo lúbrico", usó la violencia para agredir sexualmente a cinco de sus nueve víctimas, y a otras cuatro les golpeó en la cara con voluntad de menoscabar su integridad física.
Una de ellas murió cinco días después de un infarto, y según la Fiscalía "la relación causal entre el traumatismo y la muerte es existente e indirecta", ya que el hematoma intracraneal que sufrió favoreció el desequilibrio de sus sistemas orgánicos, facilitando la alteración de la función cardiorrespiratoria.
Las víctimas padecían dolencias como demencia senil, Parkinson, trastorno paranoide, Alzheimer, cardiopatías y otras patologías, y requerían de la ayuda de terceras personas para realizar las actividades de la vida diaria. La residencia tenía plazas públicas concertadas con la Generalitat, por lo que está en la causa como responsable civil subsidiario, junto con la propiedad de la residencia.