El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha decidido abrir un juicio oral contra David Serrano, dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió el pequeño Julen, acusado de un delito de homicidio imprudente. Además, le ha impuesto el pago de una fianza de 885.300 euros.
En el caso de no pagar dicha cantidad, se le embargarán bienes valorados en la cantidad suficiente para asegura la suma señalada, que se ha establecido teniendo en cuenta el escrito presentado por la Junta de Andalucía, personada en la causa como perjudicada, en el que ha fijado en 663.982 euros los daños y perjuicios causados.
En este documento, la Administración andaluza concluye ese presupuesto final de los trabajos de emergencia que se desarrollaron en la zona a causa del rescate, tras la ejecución de las obras en su totalidad y una vez se ha tenido el desglose de las empresas intervinientes y la valoración de estas actuaciones.
Tanto la Fiscalía, como la acusación popular y la Junta habían solicitado la apertura del juicio oral contra Serrano, que solicitaban tres años y medio de cárcel. No obstante, en principio, el ministerio público ha pedido tres años para el dueño de la finca.
La jueza ya había considerado que Serrano "era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad" y que "no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo realizado". Tampoco ha quedado acreditado que alertara de la existencia del mismo "cuya visualización, además, era difícil".
La Fiscalía, en su escrito de acusación provisional, ha insistido en que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección e insistía en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo ya que "apenas se veía".