La jueza ha ordenado la detención del médico que operó a Sara, la mujer de 39 años que murió tras someterse a una lipoescultura en Cartagena, Murcia. Sobre el sanitario pesa una denuncia por homicidio imprudente interpuesta por la familia de la fallecida.

El médico, que estaba citado a declarar este martes por la mañana en los Juzgados de Cartagena, no se ha presentado y tampoco lo ha hecho su abogado, por lo que la magistrada ha decidido ordenar la detención del facultativo.

El abogado del médico, Pablo Martínez, ha manifestado a laSexta su sorpresa por la decisión de la jueza y ha confirmado que su cliente se encuentra en la Región de Murcia. Además, sostiene que no tiene sentido retirar el pasaporte a su representado. Según ha confirmado a esta cadena, la orden de detención se ha tramitado ya, aunque por el momento la Policía aún no se ha personado en el domicilio del doctor.

Previamente, en declaraciones a la agencia Europa Press, el letrado había explicado que ni él ni su cliente se presentaron en los juzgados porque la citación se les comunicó el lunes, "de un día para otro", por lo que solicitó atrasarla unos días para conocer y estudiar el contenido de la denuncia y otros documentos asociados al caso, algo que -según Martínez- la jueza "vio bien". "El juzgado estaba informado", aseguraba.

Tras la operación, Sara pasó casi un mes ingresada en la UCI. El pasado sábado finalmente fallecía por "complicaciones derivadas" del tratamiento, que le causaron un "fallo multiorgánico irreversible", según las conclusiones provisionales de la autopsia.

Por su parte, el abogado de la familia de Sara, Ignacio Martínez, considera que la jueza ha tomado esta decisión porque "atendiendo a todas las circunstancias, ha entendido que podía haber un riesgo de fuga" por parte del cirujano, tal y como ha manifestado en entrevista con Más Vale Tarde:

El abogado de la familia de Sara afirma que otros médicos desaconsejaron la lipoescultura, pero el que la operó "dijo que no había ningún problema" |

Con algún 'pero'

La Justicia ratifica que llamar "gilipollas" a un jefe no es motivo de despido

Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Eso sí, enfatiza que el insulto debe ser "concreto y aislado" en un contexto determinado, como el caso de un empleado al que le pidieron que se quedara a una reunión al terminar su turno.