Esta semana una sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha avalado que los ciudadanos puedan filmar a los policías durante sus actuaciones públicas y que éstos pierden sus garantías como agente de la autoridad cuando se extralimitan en sus funciones.
La acusación particular del policía solicitó condena por una falta contra el orden público. El juez ha recordado lo que ya sentenció el Tribunal Constitucional en 2007: “Ni existe prohibición de filmar en el espacio público ni la imagen de los agentes”. Por este motivo, el juzgado ha absuelto al autor de las imágenes.
Michele Cristofoletti, cámara responsable de las imágenes, ha destacado que “la Policía tendría que saber que hay derecho de grabar a un policía cuando está actuando en un lugar público”. En este caso, además, el juez señala que las grabaciones son esenciales como prueba.
“La palabra del policía va a misa y el que graba las imágenes sería siempre condenado y tendría que pagar tasa si quisiera recurrir. Por ello, permitir la grabación de agentes cuando están haciendo una labor pública es fundamental”, manifiesta Alejandro Gámez, abogado de la plataforma ‘No Somos Delito’. Por su parte, Leopoldo Abad, profesor de Derecho a la Información afirma que “la Policía debería ser consciente de que esa grabación que se puede hacer de sus actividades, muchas veces, puede servir incluso de defensa”.
Los sindicatos policiales acatan la sentencia pero creen que "afecta a su seguridad". Daniel Rapado, portavoz del sindicato Unificado de la Policía asegura que “hay gente que ha pedido en los twitter que se publiquen imágenes de los policías para ver si alguien los puede conocer, ir a sus casas y pegarles una paliza a ellos y a sus familias”, añade. En este aspecto, no está todo dicho ya que la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que aún no está aprobada, podría sancionar a quienes graben a los policías.