Un juez ordena el cierre de un centro con 148 menores migrantes en Gran Canaria

El juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este jueves el cierre de un centro con 148 menores no acompañados en Arinaga, en el sureste de la isla, que se enmarca en medio de una causa, todavía secreta, por la que se están investigando los recursos de acogida que la asociación Quórum Social 77 gestiona para el Gobierno de Canarias.

Fuentes recogidas por la Agencia Efe apuntan a que este cierre es una extensión de la denuncia que provocó ya el pasado mayo la clausura de otro centro centro de acogida gestionado por la citada asociación por los presuntos malos tratos que sufrirían los menores, que pueden constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.

Por ello, la Policía ha detenido a dos directivos de la asociación (la presidenta y al director de centros), en una operación que incluye seis entradas y registros, dos de ellas en centros de acogida de Arinaga y Firgas y otra en la sede de Quórum Social 77. Aunque ambos ya están en libertad con cargos. Por su parte, los 148 menores ya han sido reubicados en otros 21 centros.

Cuando se puso en marcha esta operación en mayo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló que su departamento había puesto en manos de la Fiscalía testimonios de niños del centro Fortaleza I, el primer centro de menores cerrado, que relataban malos tratos e insultos racistas, así como informes médicos de los pediatras que los atendieron. Entonces, dijo que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 fueran conocedores de lo que ocurría.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias se mantiene prudente antes de retirarles la gestión del resto de hogares que tienen asignados. "Nos tendrán que determinar hasta qué punto es un hecho aislado de unos trabajadores o es un tema de la organización en sí como tal", explica Delgado.

"Identificamos nosotros que, entre el personal que contratan, hay mucho personal que no está debidamente cualificado. Muchos niños hacen denuncias de situaciones de malos tratos. No hay un control suficiente. Ni por parte de del Gobierno de Canarias ni por parte del fiscal", comenta Daniel Arencibia, abogado experto en migración sobre el personal

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que "con tantos menores y durante tanto tiempo" es difícil que los controles sirvan. En declaraciones a los medios, ha dicho lamentar lo sucedido y ha apuntado que se trata de una investigación en curso y bajo secreto de sumario, si bien lo que ha trascendido, ha agregado, "son delitos de mucha gravedad".

"Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto", ha señalado el presidente. Respecto al comienzo de los traslados de los menores tutelados peticionarios de asilo político, Clavijo ha insistido en que se ha tardado cuatro meses en dar inicio a esos traslados y que ha tenido que ser el Supremo quien pusiese "los puntos sobre las íes".

Circunstancias como la investigación en curso y el cierre del centro de menores, ha expresado el presidente autonómico, "nos tienen que hacer llevar a revisar esas fechas y a proceder con la mayor celeridad en la distribución de esos menores, porque es evidente que una comunidad autónoma, un territorio fragmentado como somos en Canarias, es muy complicado que siga manteniendo un nivel de 5.400 menores que tenemos en la actualidad, a nuestro cargo".

Ángel Víctor Torres responde

Esa argumentación de Clavijo de que los controles no han podido frenar con eficacia este presunto caso de malos tratos a los menores migrantes por la saturación en los centros no ha convencido a Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial ha explicado que no conoce exhaustivamente el caso, pero ha rechazado la justificación del presidente canario: "Afirmar que se producen delitos porque están saturados... Objetivamente están saturados, pero eso no puede justificar nunca que se cometa un delito".