El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía y ha decretado la vuelta al Centro de Inserción Social (CIS) de Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) condenada en firme a dos años y medio de prisión por permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos menores.

Según ha informado su letrado, Carlos Aránguez, una llamada telefónica ha comunicado la decisión del reingreso en el CIS de Rivas, que "cumplirá rigurosamente" dicha orden después de salir de este mismo establecimiento penitenciario el pasado 15 de junio. Ha adelantado además que utilizará las vías legales posibles para "corregir" la situación.

Rivas ingresó en el CIS el 11 de junio cuando se le agotaba el plazo concedido por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada para la ejecución de la sentencia, aunque lo abandonó el día 15 para cumplir la condena en su casa con control telemático.

Su letrado ha recalcado que el auto mantiene aunque restringe ese tercer grado, que limitará además sus salidas del CIS a dos fines de semana al mes.

Indulto para Rivas

Aránguez ha dicho además que, junto al recurso, presentarán una petición al Gobierno central para que agilice el expediente de petición de indulto a Juana Rivas, una medida de gracia que ya tramita el Ejecutivo.

La petición de indulto cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones públicas y privadas y el apoyo público de altos cargos de la administración "que coinciden en que se debe suavizar todavía más la condena impuesta".

La decisión de Rivas de no entregar a sus hijos con el padre, el italiano Francesco Arcuri con quien compartía la custodia, supuso una primera condena a cinco años de cárcel que, tras su confirmación por parte de la Audiencia de Granada, el Supremo rebajó a los dos años y medio de prisión y la pérdida de la patria potestad.

Para Arcuri, está "ajustada a las normas"

El abogado de Francesco Arcuri considera que la resolución del juez de Vigilancia Penitenciaria está "ajustada a las normas".

El letrado, Enrique Zambrano, ha declarado a Efe que desde que el Tribunal Supremo la sentenció en firme a dos años y medio de cárcel siempre se han mostrado a favor de que la pena la cumpliera en un Centro de Inserción Social, en lugar de en una cárcel, y con un tercer grado, si bien no compartieron la "premura y ligereza" con la que, días después de su ingreso, se le permitió seguir cumpliendo condena en su casa bajo control telemático.

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