Al menos 84 menores de edad y 41 adultos fueron víctimas de abusos entre 1927 y 2021 a manos de 103 religiosos de los Jesuitas, la mayoría en colegios y entidades educativas.
Así lo recoge un nuevo informe hecho público este martes por la Compañía de Jesús, que eleva así la cifra de víctimas en el seno de la institución que ya reconoció en otro informe el año pasado, al que ahora añade siete denuncias más contra jesuitas, tres de ellos acusados de abusos a menores y cuatro hacia adultos.
Las acusaciones contemplan desde visitas a las duchas para mirar a las víctimas, humillaciones y trato vejatorio, hasta tocamientos -lo más frecuente- y agresiones sexuales.
Este nuevo informe incorpora además información sobre casos que implican a personal laico y situaciones de abusos entre menores. Se trata de 11 casos -seis de la actualidad-, de los cuales siete son de un adulto a un menor y cuatro de abusos entre menores, aunque solo uno de los hechos tuvo lugar en los centros de la Compañía.
El protocolo actual
La Compañía de Jesús afirma que ha trabajado en el último año para seguir implantando el Sistema de Entorno Seguro para la sensibilización, intervención y prevención de los abusos en sus instituciones. Tras recibir una denuncia, la compañía inicia una fase de investigación y seguimiento, así como de atención y respuesta.
Así, a lo largo de 2021, se iniciaron cuatro protocolos de reparación -cuando los hechos están prescritos o el autor ha fallecido- y cinco procesos de justicia restaurativa -en los que intervienen profesionales externos e independientes-.
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Además, el año pasado, seis personas solicitaron atención en los Espacios de Escucha, creados para las personas que quieran trasladar su testimonio, a las que se ofrece la posibilidad de hacerlo por escrito para evitar la revictimización. La institución también ha elaborado "mapas de riesgo" de espacios que no cumplían con la normativa de nuevos protocolos de prevención y ha empezado a solicitar referencias en las contrataciones de trabajadores, junto al certificado de delitos sexuales que se exige desde hace años para los puestos que implican contacto con menores.
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