La Fiscalía de Córdoba investiga a una pareja por captar, presuntamente, a una mujer migrante con pocos recursos para utilizarla como vientre de alquiler. La pareja, que captó a la mujer a través de redes sociales, puso como condición que debía vivir en España durante toda la gestación y el parto para luego entregarles al bebé.
Una vez en España, y con el objetivo de evitar los gastos asociados a la inseminación artificial, la mujer fue violada repetidas veces por el hombre. La víctima ha manifestado que lo hicieron con intimidación y violencia. Tras una de estas violaciones, la mujer quedó embarazada.
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Como expone Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, "lo que se hace con los vientres de alquiler es aprovechar la vulnerabilidad de las mujeres para explotar su capacidad reproductiva y utilizar a los bebés como un objeto", algo que, en su opinión, convierte este hecho en "más que condenable". La Fiscalía está investigando el suceso como un delito de agresión sexual, detención ilegal y trata de seres humanos.