La Junta de Andalucía, y más concretamente la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, ha abierto dos procesos sancionadores contra el dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen y contra la empresa que realizó la prospección, según publica diario Sur.
David Serrano, el dueño de la finca, también está investigado por homicidio imprudente por un juzgado malagueño por la muerte del niño, que cayó a un pozo de unos 28 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad.
El proceso iniciado por la Junta supone incidir en la vía administrativa del caso, mientras que el proceso judicial sigue su curso. La construcción de este pozo requería un permiso del ayuntamiento de Totalán, una firmada por un titulado en minas y una autorización administrativa.
Sin embargo, la obra no contaba con ninguno de estos permisos y este hecho se considera muy grave por parte de la administración. Ante el juez, el dueño de la finca aseguró que "en el mismo momento en que la zanja se hace" tapó el pozo.