En el informe los expertos avalan "la consecuente reintegración de la posesión a la Administración General del Estado, como bien integrante del dominio público" al constituir una residencia vinculada "al ejercicio de la jefatura del Estado".
La Administración general debería incoar una demanda civil para reclamar que esa propiedad, situada en el municipio coruñés de Sada, pase a estar considerada como bien de dominio público.
Según el informe, esta opción podría derivar en "la necesidad" de que la Administración deba "liquidar los gastos y costes derivados de la posesión del inmueble" entre el 21 de noviembre de 1975, día después de la muerte del dictador, y el momento en que se restituya efectivamente la posesión a la Administración General del Estado.
En todo caso, los expertos indican que "aun en caso de que de una eventual liquidación del estado posesorio resultara un saldo favorable a los actuales poseedores del inmueble, esta suma sería notablemente inferior a su valor de mercado o al precio que habría de satisfacerse como justo precio expropiatorio".
El Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular al dictamen. En él indica que apoya la estrategia de que el Estado plantee una acción civil para reclamar la titularidad de As Torres por su uso como residencia oficial estival del dictador, pero discrepa de que ello deba tener consecuencias para el erario público.
El consistorio rechaza la consideración de que la familia Franco sufragase los gastos de mantenimiento del Pazo de Meirás de buena fe, al sostener que "eran perfectamente conocedores y partícipes de los vicios de nulidad radical del título de compraventa y de la propia posesión" del inmueble.
El Pazo de Meirás fue anteriormente propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y pasó a ser residencia de verano del dictador durante décadas. En el inmueble oficial incluso se celebraron consejos de ministros.
