Sin quitar ojo y muy pendiente de su móvil: así se ha visto este martes al máximo responsable de la Diócesis de Málaga, Jesús Catalá. De momento, mantiene un silencio sepulcral sobre el escándalo de las violaciones destapadas del cura malagueño Francisco Javier Cuenca. La pareja del sacerdote, que fue quien denunció los hechos, y según la investigación policial, informó por e-mail en diciembre de las agresiones sexuales a la Diócesis y se entrevistó con ellos en diciembre, pero el organismo no denunció ni aplicó sus propios protocolos.
El portavoz de la Diócesis, Antonio Moreno, insiste en que se enteraron este lunes de los hechos. "A nosotros en el mes de enero no nos consta como se está diciendo", dice. Pero justo en enero, casualmente, ese mes, este organismo trasladó al párroco de Melilla a Málaga. Un movimiento que justifican con, dicen, "problemas de salud".
"La Iglesia ha actuado mal en todo. Se ha saltado sus propios protocolos. Le ha trasladado sin abrir una investigación, pudiendo cometer delitos en otros destinos", explica Jesús Bastante, el periodista de Religión Digital. En el año 2019, el Papa Francisco firmó un documento, donde detallaba las actuaciones que se debían realizar en caso de delitos de agresiones sexuales a menores y personas vulnerables.
En este caso, las mujeres agredidas sexualmente eran drogadas por el sacerdote. Pero eso no es todo. En otro protocolo de la Conferencia Episcopal, se detallan los pasos que se deben seguir si se informa de un posible delito de abusos sexuales. "Recibida la noticia de un posible delito, según lo previsto en el número anterior, si no resulta manifiestamente infundada, dará un decreto de inicio de la investigación previa", según se puede leer en el capítulo 3 de este documento.
Ahora en el punto de mira estaría el obispo de Málaga. "No ha hecho lo que tenía que hacer, no ha abierto un expediente sancionador", añade Bastante. El obispado de Málaga ha decidido retirar las licencias ministeriales al cura, impidiéndole ejercer el sacerdocio.
