Quien tenga la mala suerte de tener que recibir una amputación de un miembro de su cuerpo, tiene además que hacerse cargo de su desaparición una vez realizada la operación. Pero hay quien se desentiende, como ha sido el caso de un hombre en el País Vasco al que el Servicio de Salud reclama que se haga cargo de su pierna amputada.

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado el requerimiento por el que se solicita al propietario de que proceda "a la retirada y gestión adecuada, a través de una empresa funeraria autorizada, de los restos humanos que se encuentran depositados en el Hospital del Bidasoa", en Hondarribia (Guipúzcoa).

El anuncio, firmado a 21 de julio, se publicó a finales de agosto e indica también que el interesado tiene 10 días hábiles para llevar a cabo su retirada. Además, apunta que, en caso de no hacerlo, se procederá a abrir un expediente sancionador y se instará a ejecutar su retirada de manera forzosa.

Al parecer, y según indica Carlos Fernández, dueño de tres funerarias de la zona, no es raro que algunas personas se desentiendan de hacer esta gestión, que puede costar en torno a 1.500 euros, aunque depende de las tasas municipales.

En estos casos, apunta, la administración investiga incluso si el afectado puede ser una persona sin recursos, para lo que intervienen los servicios sociales. No obstante, apunta, según su información no es este el caso.

El servicio de Salud vasco asegura a laSexta que la normativa al a nivel nacional determina que debe ser el paciente quién se haga cargo del miembro amputado pero desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) insisten en que no hay una ley estatal. De hecho, lo más frecuente es que las comunidades se hagan cargo sin coste de los miembros amputado.

Sí hay algo común a nivel nacional, y es que, en el caso de querer enterrar por nuestra cuenta el miembro amputado, sí que se debe pagar a la funeraria. En ese caso, además es necesario solicitar un parte de defunción que será requerido para depositar el miembro en un cementerio.

En Madrid, según las tarifas de sus servicios municipales, la incineración de un miembro está en 250 euros, aunque a eso hay que sumarle otros costes del servicio que pueden elevar la gestión hasta los 700, o incluso más, si la persona decide hacer un entierro y no una incineración.

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