El vecino de Marchal (Granada) al que la Junta de Andalucía retiró en 2018 la tutela de 11 de sus 30 hijos tras determinar que estaban en desamparo ha sido procesado por abuso sexual a una de sus hijas menores de edad.
El hombre será juzgado los días 1 y 2 de diciembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, según fuentes judiciales citadas por Europa Press.
La Fiscalía pide para él 10 años de prisión por unos hechos que presuntamente se produjeron de "forma continuada en el tiempo", desde que la menor tenía 10 años y hasta que abandonó el domicilio familiar.
La denuncia se interpuso cuando la niña tenía 14 años, según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix. La jueza instructora expone que en ese momento la menor convivía con 23 hermanos y las tres mujeres de su padre en una vivienda de Marchal.
Según el auto, el acusado establecía "las normas y pautas de comportamiento en la vivienda" respecto a todas las personas que vivían en ella. Además, de las investigaciones se desprende que "existía una relación de sometimiento y dependencia conductual y emocional" de todos los miembros y el acusado usaba a "personas de su confianza, como sus propias parejas y algunos de sus hijos, para vigilar a los demás". Todo ello, según la jueza, a fin de que pudiera "ejercer medidas de control sobre ellos, realizando amenazas, humillaciones y maltrato físico".
Asimismo, expone que los presuntos abusos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años, "amenazándola en caso de que se negara, empleando incluso la fuerza física". La jueza llega a estas conclusiones atendiendo a la propia declaración de la víctima y a las diligencias practicadas en la causa, especialmente el informe de valoración de la Fundación Márgenes y Vínculos, que da credibilidad al testimonio de la joven.
El acusado se había dado a conocer hace un tiempo en televisión por tener 30 hijos y cuatro esposas. La Junta de Andalucía intervino años más tarde, en junio de 2018, para retirarle la tutela de 11 de sus hijos tras determinar que no estaban siendo atendidos de forma adecuada. En ese momento ya trascendió que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix tenía abiertas diligencias previas a raíz de que una de sus hijas diera a conocer los supuestos abusos en el colegio.
Tras un informe de credibilidad realizado por la Fundación Márgenes y Vínculos, el Juzgado y la Fiscalía le tomaron declaración, explicando la menor "los presuntos abusos sufridos así como otras situaciones de maltrato", y mencionando los casos de otras dos hermanas menores que "estarían también siendo objeto de un comportamiento similar por parte de su padre", según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
