"Mi hermano llamó avisando que mi cuñada estaba mal y no era capaz de respirar, con ruido en el pecho, mucha fiebre y delirando, pero respondieron que no se preocupara, que era cosa de los nervios", es el testimonio de Soledad Torrado, cuñada de Julia, fallecida por COVID-19 tras una semana recibiendo atención telefónica y con analgésicos para la falta de aire.
La llamada se produjo cinco días después de tener PCR positiva, cuando el marido de Julia viendo que sus síntomas empeoran llama a urgencias asustado. Tras esa llamada, el hombre volvió a insistir hasta que a la tercera, los síntomas son tan graves que logra convencer a la doctora de que envíe a alguien. "En ese momento casi no era capaz de respirar y no hablaba", relata Soledad.
Al llegar los sanitarios llegan, la familia explica que la gravedad de la mujer les impresionó, pero la ambulancia aún tardaría y cuando por fin Julia llega al hospital, fallece. Su cuñada asegura que "llegaba muerta, casi sin pulso".
Julia Rangel, a sus 48 años, era una mujer sana y sin patologías. La familia y sus tres hijos quieren que les expliquen por qué nunca achacaron al COVID los síntomas a pesar de estar confirmada su infección.
Por ello, la Consejería de Sanidad de Extremadura ha abierto ya una investigación y también se ha solicitado al SES la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial.
La Junta de Extremadura ha reiterado en nota de prensa su puesta a disposición de la familia de la fallecida, por lo que hasta que se concluyan estos procedimientos, el Ejecutivo regional no va a pronunciarse al respecto en ningún otro foro.
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