De continuar en el poder, el Gobierno prevé mantener los descuentos y bonificaciones en el transporte público que impulsó en su día para ayudar a contener la inflación y su impacto en el bolsillo de la ciudadanía.
"Nuestra intención es mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte y de convertir más adelante esta medida en estructural para determinados colectivos", ha asegurado la ministra en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez.
Según ha detallado el ministerio en un comunicado, Sánchez ha realizado estas declaraciones en un evento organizado por El País, en el que ha explicado que la dependencia del vehículo privado dificulta a los colectivos más vulnerables el acceso a servicios básicos o a distintas oportunidades de trabajo.
Por ello, su ministerio busca impulsar la promoción de nuevos modos de transporte, como los servicios a demanda, el transporte compartido o las rutas dinámicas. Igualmente, ha defendido que en las grandes ciudades la solución pasaría por una redefinición urbanística que "nos devuelva" a un modelo de ciudad mediterránea, compacta y relativamente densa.
Más de seis millones para la descarbonización del transporte
La ministra también ha destacado el compromiso del Gobierno por facilitar una transición ecológica y reducir el impacto medioambiental del transporte.
Es por tal razón, ha explicado, que se han destinado más de la mitad de los 13 millones de euros de los fondos europeos para nueva movilidad a un plan de movilidad sostenible segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos que incluye la creación de zonas de bajas emisiones y la promoción del ferrocarril como "alternativa verde y sostenible".
En ese este sentido, se ha referido al Plan de Cercanías de Madrid, que contempla inversiones de 7.100 millones hasta 2025 (con el 75 % ya movilizado), a la renovación de estaciones y material rodante o la compra de 211 nuevos trenes, "que se encuentran ya en fabricación".
La vivienda como herramienta para la calidad de vida
Durante su intervención, la titular del Mitma ha señalado que, para crear un entorno urbano sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos también es esencial "el acceso a una vivienda digna".
"De ahí el objetivo de este Gobierno de devolver a la vivienda la función social que nunca debió perder y configurarla como un servicio público de interés general", ha declarado.
Entre las principales medidas ha enumerado la inversión de 3.462 millones en políticas de vivienda; las ayudas a la emancipación de los jóvenes, como el Bono Alquiler Joven o las líneas de avales del ICO de 2.500 millones; el plan de alquiler asequible, que busca incrementar el parque público en más de 183.000 viviendas; y la ley de Vivienda.
La ministra ha avanzado que buscará que la vivienda pública en alquiler social represente el 20% total de vivienda y acelerar, como contempla el plan de recuperación, la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de 500.000 hogares.
