El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del aborto, que pretende blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.

Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria con el fin de que sea aprobado definitivamente en los próximos meses, según fuentes del Gobierno.

"Gracias a todos los que impidieron que el PP hiciese recortes en derechos sexuales. Cuando gobierna la derecha destruye derechos. Cuando lo hacemos nosotros, ampliamos derechos cuando las mujeres más lo necesitan", ha asegurado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 17 de mayo, acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010.

Reparto gratuito de productos de higiene menstrual

En una entrevista en Radiocable ayer lunes, Montero destacó que España será el segundo país del mundo tras Escocia en combatir la pobreza menstrual, ya que la futura ley contempla el reparto gratuito de productos de higiene en colegios, prisiones y centros públicos vinculados a los servicios sociales.

"Hay muchísimas mujeres en España que no pueden elegir los productos de higiene menstrual que querrían. Es una medida muy importante también para que la menstruación esté presente en el debate público, deje de ser un tabú y un estigma y que podamos hablar con normalidad porque es parte de nuestra salud", ha enfatizado.

Con la nueva norma, la sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico) y elimina los tres días de reflexión.

Contempla también la atención durante el posparto y que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.

La reforma incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, una de las medidas que más debate ha suscitado.