El Gobierno de Aragón ha depurado responsabilidades por el suicidio de una mujer de 83 años en Zaragoza tras no tramitarse su solicitud de eutanasia.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha informado del suicidio de esta mujer, después de reclamar en varias ocasiones su derecho a la eutanasia en el centro de salud Torre Ramona de Zaragoza

Desde esta organización han explicado que esta mujer padecía una lesión que la obligaba a permanecer "postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor, atendida por su familia, pero con dolores constantes".

Ante esta situación, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que se han depurado responsabilidades por el retraso producido en tramitar una solicitud. La titular de la cartera de salud ha precisado que ha habido un "fallo" por el "retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable" para la tramitación de la solicitud de esta paciente, "cuando el médico de siempre se declaró objetor".

En este sentido, ha recordado que en estos casos, hay que "adjudicar otro profesional que se haga cargo del caso, en tiempo y forma", pero "nos hemos retrasado en la adjudicación". "Los responsables, en ese momento, no han realizado las acciones que tendrían que haber hecho en tiempo y forma", ha añadido al respecto.

"Hemos establecido una serie de mecanismos para controlar esta situación y se han depurado responsabilidades a las personas que no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma", ha sentenciado.

Repollés ha subrayado que cuando se puso en marcha la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el pasado 25 de junio, se realizaron actividades formativas sobre la implantación y los procedimientos de esta norma por lo que los profesionales del Servicio Aragonés de Salud tenían conocimiento desde el principio sobre los mismos.

La consejera de Sanidad ha remarcado que desde su departamento seguirán "vigilantes para que los procedimientos se sigan en tiempo y forma" y "dar salida a un derecho de la ciudadanía legislado por ley, que cumple garantías en todos los sentidos y que estamos obligados a hacer funcionar".

En Galicia

Indemnizan a una mujer con 13.500 euros por haber sido despedida a los cinco días de informar de su embarazo

Tras esto, un tribunal de Ferrol, en A Coruña, ha dictaminado que se trata de un despido totalmente improcedente y la empresa para la que trabajaba tendrá que indemnizar a la mujer con 13.500 euros.