La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales 10 años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa sevillana Magrudis, entre otros acusados, por el brote de listeriosis en carne mechada de 2019. Fue el mayor brote de este tipo en España hasta el momento y provocó cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, los hechos constituyen un delito contra la salud pública en concurso ideal, por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete de lesiones al feto y 235 de lesiones, además de otro de defraudación del fluido eléctrico, y uno más de falsedad en documento oficial.

En concreto, la Fiscalía reclama para el administrador de hecho de Magrudis, sus dos hijos y su mujer cuatro años de prisión y una multa de 1.620 euros por el delito contra la salud pública, además de otros seis años de prisión y la inhabilitación para comerciar con productos cárnicos durante ocho años por el de homicidio por imprudencia grave.

Por el delito de defraudación eléctrica, a raíz de una derivación ilegal detectada en una nave, solicita para todos ellos multa de 1.440 euros, mientras que por el delito de falsedad pide adicionalmente un año y medio de cárcel y multa de 1.620 euros para dos de los principales acusados y un arquitecto que fue contratado por la empresa.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados -a excepción del arquitecto-, deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Sevilla en la cantidad de 141.040 euros y a la Junta de Andalucía en 800.000 euros por los gastos originados en ambas administraciones, de los que podrá responder la compañía de seguros.

En cuanto al procesamiento de una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, la Fiscalía no cree que su conducta constituya una imprudencia grave que determine su responsabilidad penal en los resultados lesivos producidos, aunque sí cree que deben generar responsabilidad de tipo civil para el Consistorio. Todo ello, añade el Ministerio Público, por la falta de control sanitario y de autorizaciones que le competen.